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De abogacía y derechos civiles

Gonzalo Sánchez, Sergio García

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El nuevo decano del Colegio de Abogados de Cantabria aborda en esta entrevista algunos de los retos de la justicia y algunos de los prejuicios contra la abogacía

Lleva ocho años en la abogacía institucional, como secretario del colegio de abogados hasta ahora, y casi tres décadas ejerciendo la abogacía, junto a los más prestigiosos letrados de la región. Es Andrés de Diego Martínez, un hombre sereno, culto y dialogante, decano del Colegio de Abogados de Cantabria desde enero de este año. De la conversación se desprende su preocupación por garantizar que todos los abogados puedan ejercer su trabajo en condiciones de garantía de libertad y eficacia. Al nuevo decano le incumbirá que estos abogados estén formados, que se actualicen, que sus derechos profesionales sean respetados, que se gestione adecuadamente el turno de oficio y que quienes lo desempeñan, que no siempre ocurre, reciban en tiempo y forma su retribución, y tengan la libertad necesaria para defender los derechos de los ciudadanos. Pero sobre todo le preocupa la relación con la sociedad y que esta conozca su compromiso con ella, con los derechos civiles y con la justicia.

Pregunta. ¿Qué es un colegio de abogados?

Respuesta. Es una institución pública, que tiene como fin regular distintos aspectos del ejercicio profesional de la abogacía, hasta el punto de que la pertenencia a él es obligatoria para ejercer la profesión, teniendo mucha importancia en la regulación de los aspectos deontológicos de la profesión o en la formación entre otros aspectos.

¿Cuál es su utilidad para la sociedad a día de hoy?

Enorme. Los colegios de abogados garantizan a los ciudadanos que el ejercicio de la profesión se presta con calidad, con garantía legal y con respeto a un código ético.

¿Cree que está suficientemente garantizada en España la defensa de los derechos de personas con pocos recursos?

En España funciona un sistema de acceso a la justicia que está protegido por el artículo 119 de la Constitución Española, que garantiza el acceso de todos los españoles a una justicia gratuita en determinados parámetros, y en términos generales eso funciona de manera muy eficiente, lo gestionan los colegios de abogados, velamos por él y hay un alto nivel de satisfacción por parte de los justiciables. Yo diría, además, que es uno de los pilares de la justicia española.

¿Cuál es la situación actual de la reivindicación por los colegios de abogados de la eliminación del IVA del turno de oficio?

Los colegios hemos estado unidos en este aspecto, actuando a través del Consejo General de la Abogacía, que es nuestra representación a nivel del estado en la reclamación de este aspecto, y hemos conseguido que en este momento esté en trámite en el Congreso de los Diputados un proyecto de ley de Reforma de la asistencia jurídica gratuita, que garantiza que la asistencia jurídica gratuita es un servicio público y que los que perciben los abogados por este servicio, que son cantidades muy pequeñas, es una indemnización y no un honorario, por lo que debe estar exento de IVA. Es un logro importante que se puede considerar como conseguido.

A finales del año pasado colegios como los gallegos denunciaron que los abogados del turno de oficio llevaban meses sin cobrar. ¿Cómo afecta eso a la justicia?

Es un menoscabo importante del derecho de defensa porque afecta a unos profesionales que tienen pleno derecho a esta pequeña, pero justa percepción. En Cantabria, donde la justicia está transferida al gobierno regional, no se nos ha planteado este problema, y el gobierno cumple rigurosamente con sus compromisos. Pero la situación varía con cada autonomía. Bien es cierto que, en el último Consejo General de la Abogacía, al que asistí, el ministro de justicia se comprometió a abonar en estos días las cantidades pendientes de pago del cuarto trimestre del año pasado.

¿Cómo puede un ciudadano acceder a este servicio?

El acceso a este derecho lo controlan los colegios de abogados, nosotros tenemos un servicio de asesoría jurídica activo en la mayoría de los partidos judiciales de la autonomía. A ese servicio acuden los justiciables que precisan de acceso a un abogado y el acceso al derecho de justicia gratuita, y en esos servicios se recaban los documentos que justifiquen que no tienen los medios para su defensa. Existen unos baremos de renta, el colegio tramite el expediente de solicitud y lo traslada a una comisión gubernamental de asistencia jurídica gratuita que lo aprueba. El sistema emplea una aplicación informática, por lo que es muy ágil.

En los últimos años se ha hablado mucho de las tasas judiciales y su acción perniciosa sobre la defensa de los derechos civiles. ¿Cuál es la situación actual de las tasas?

Gracias a una sentencia del tribunal constitucional se eliminaron las tasas con carácter general en muchos procedimientos, pero en cualquier caso, para las personas físicas están eliminadas y solo quedan algunas tasas creadas hace años para las personas jurídicas, como sociedades anónimas o limitadas, de cuantía sensiblemente menor y que, en cualquier caso se encuentran en proceso de revisión.

¿Casos como los de los twitteros y blogueros condenados por sus publicaciones en redes sociales se puede entender como una amenaza para la defensa de los derechos civiles en España?

No. Estamos hablando de casos puntuales y en los que no se juzga un derecho por parte de quien lo hace, sino un delito que afecta al honor de un ciudadano concreto. Que en este caso debemos huir de generalizaciones y ver cada caso en su contexto, analizando si se traspasa el incuestionable derecho de la libertad de expresión y se afecta a otros derechos, como el del honor que os decía, y solo en este caso es cuando debe intervenir la justicia. Pero salvo estos casos puntuales yo creo que nos encontramos en un país con libertad de prensa.

A muchos ciudadanos les choca que graves delitos económicos sean penados, proporcionalmente menos que otros delitos de menor daño económico. ¿Es cierto? ¿Por qué?

Las penas a los delitos se establecen en un catálogo que es el Código Penal, que define cada delito y establece una pena. Efectivamente puede haber determinados delitos cuya pena no sea proporcional al hecho, y esto ocurre en algunas ocasiones. La ley también prevé una forma de paliar estas desigualdades mediante la solicitud de indulto parcial, una vez que se produce la sentencia. La cuestión es que debemos revisar si cada delito está adecuadamente sancionado. En todo momento hablamos de casos muy particulares, que pueden provocar escándalo pero que son muy singulares.

¿Por qué las instrucciones se dilatan tanto en el tiempo en España?

No es la norma general, pero hay muchas instrucciones que se dilatan principalmente por la falta de medios. Hay casos muy complejos donde deben intervenir muchos peritos y especialistas, y eso lleva su tiempo. El nuestro es un sistema muy garantista y eso también puede afectar.

¿Es una solución establecer un periodo máximo de instrucción a los jueces?

El derecho al acceso a la justicia se produce cuando esta se ejerce y cuando además, se ejerce sin dilaciones indebidas. Si un proceso judicial se alarga durante mucho tiempo se produce una dilación indebida y entonces la justicia llega tarde a sancionar el hecho. Evitar esto es lo que se ha pretendido con esta norma, que en causas normales limita el proceso de instrucción a seis meses y en causas complejas amplia ese periodo. Yo creo que esta es una norma transitoria hasta que se produzca un cambio en la justicia penal a través de una nueva ley de enjuiciamiento criminal que prevé que la instrucción se realice por el fiscal y entonces este problema se superará. Pero es un tema que debemos solucionar porque todos conocemos casos que se prolongan muchos años y entonces la justicia llega tarde.

¿Cree que los nuevos abogados que entran en el sistema judicial tienen una formación adecuada a estos tiempos de nuevos delitos y retos para la sociedad (ciber delitos, daños al honor…)?

Yo en esto soy contundente, están perfectamente preparados. Tener en cuenta que los nuevos abogados tienen una doble formación. Primero han obtenido el grado en la universidad y posteriormente, para obtener la condición de abogado, actualmente hay que llevar a cabo un máster para el ejercicio de la abogacía. En Cantabria este máster se organiza conjuntamente por el Consejo de abogados y la Universidad de Cantabria. En dicho máster, se garantiza la adecuada formación de los profesionales en la fase práctica, de iniciar un procedimiento, comportarse en un juzgado, afrontar esos retos que me decíais y el nivel de formación tras ese doble proceso es realmente muy alto.

Ante problemas como los de la libertad de expresión o la asistencia de los refugiados o los desahucios, algunos medios han opinado que la actitud de los colegios de abogados ha sido muy tibia. ¿Deben ser los abogados, además de profesionales, la vanguardia de la justicia en una sociedad? ¿Lo son? ¿Por qué?

Los colegios de abogados han sido bandera en la defensa de los derechos de los refugiados públicamente, a través de eventos, a través de premios y de forma práctica, a través de la creación de un sistema de asistencia a refugiados que, por ejemplo, se han trasladado a la isla de Lesbos y han prestado asistencia jurídica gratuita a los refugiados en el mismo lugar en el que acceden a Europa. La abogacía es beligerante contra la situación de desamparo de estas personas y creo que somos una de las vanguardias en la defensa de estas personas.En el tema de los desahucios nosotros también hemos organizado sistemas en los diversos colegios para ayudar a las personas con dificultades de acceso a la vivienda en los procedimientos de desahucio, etc. En Cantabria en concreto tenemos organizado un sistema de mediación hipotecaria para personas en riesgo de pérdida de la vivienda como consecuencia de la imposibilidad de pagar una hipoteca que realiza una mediación ante los bancos con la intención de llegar a acuerdos.Yo creo por tanto, que la función y el compromiso social de la abogacía son pública y notoria.

¿Cuántos procedimientos judiciales cambiaría si pudiese?

Es una pregunta muy compleja, yo creo que los procedimientos están establecidos para las situaciones que están previstas, por lo que no hay una respuesta general. Yo no cambiaría los procedimientos, pero sí cambiaría algunas normas dentro de los procedimientos para conseguir una mayor agilidad, para conseguir una mayor garantía del derecho a la defensa.

¿Cuáles son los retos de la justicia en Cantabria?

Eso habría que preguntárselo al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, que es el máximo responsable en Cantabria de este poder del estado; los colegios de abogados ayudamos a la administración de justicia. Yo creo que en Cantabria tenemos un nivel de calidad de la justicia bastante bueno en comparación con otras comunidades autónomas. El nivel de respuesta de los jueces en general, sin prejuicio de que pueda haber matices en algunas jurisdicciones, es adecuado, hay un nivel de jueces bastante bueno. Tenemos una relación con el Gobierno de Cantabria ,que es el responsable de la gestión de la justicia, bueno. Diría que en Cantabria no hay grandes problemas que no sean los grandes problemas de la justicia española.

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