A dos semanas de las elecciones

Ramón Fernandez Gómez
Estudiante de la Universidad de Cantabria
Fotos Elpais.es

Sólo faltan dos semanas para las elecciones generales. Tras una legislatura marcada por los graves enfrentamientos entre PP y PSOE, ahora es a los ciudadanos a los que les toca elegir a quien prefieren que gobierne en los próximos 4 años.
En mi opinión, han sido 4 años con bastantes errores y despropósitos, tanto de unos como de otros, si bien ha sido una legislatura con contenido (se han aprobado muchas leyes), pero cargada de crispación.
Todo se inicia con la victoria socialista en Marzo de 2004. Este es un tema del cual se ha hablado mucho. Para mí, es aquí donde nace toda la confrontación que vendrá después: y, en mi opinión, nace debido a la pésima actitud del Partido Popular (con Rajoy a la cabeza), y concretamente de su sector duro, encabezado por Esperanza Aguirre, Ángel Acebes, y los medios de comunicación afines, que desde ese mismo momento trataron de deslegitimar el veredicto de las urnas, lo cual es lo mismo que no aceptar el resultado de una votación democrática. Y es esta incapacidad para aceptar la derrota en las urnas la que invalida la actuación del PP durante el resto de la legislatura, y la que ha marcado la pauta de este partido durante estos últimos 4 años.
A esto se le unió al juicio del 11M, sobre el que el PP trató de verter toda sarta de mentiras para seguir creyéndose una teoría que, según todos los especialistas jurídicos, no tiene cabida en la sentencia del tribunal, ni en lógica alguna. Se trata de un acto de fe creerse esas mentiras y teorías conspirativas.
Todo esto ha marcado el tono de los últimos 4 años, y lo anterior se ha extrapolado al resto de asuntos (modelo de Estado y lucha antiterrorista especialmente). En el primero de ellos, para mí hubo varios errores de bulto del Gobierno, sin duda: a pesar de lo necesario de las reformas estatutarias, la forma y el momento en los que fue sacado adelante el nuevo estatuto de autonomía de Cataluña fueron sin duda un fracaso. Se forzó un debate innecesario, cuando éste podía haber esperado a otra ocasión. Mientras, la postura del PP era difícil de entender: mientras aceptaba aprobar estatutos como el andaluz, impugnaba a la vez ante el Constitucional otros, como el Estatuto de Cataluña, a pesar de que muchos de los artículos impugnados en este segundo estatuto eran idénticos en muchas ocasiones al Estatuto andaluz, que el PP aceptó sin dudarlo. No tiene sentido, al no ser que se vea en puro sentido de cálculos electorales (ya están las cosas bastante mal para el PP en Andalucía, como para encima impugnar la reforma estatuto); además, es evidente que el PP nunca derogaría estas leyes aunque llegara al poder (al igual que no lo hará con la ley del matrimonio homosexual), por mucho que las critiquen ahora.

Sobre la política antiterrorista también se ha hablado mucho: la negociación ETA-Gobierno es un deber que el ejecutivo está obligado a intentar siempre. Lo intentó Felipe González, lo intentó Aznar y lo intentó Zapatero, siempre con el apoyo de la oposición. Sin embargo, esta vez no ha sido así. Ahora, el PP se ha opuesto desde el principio, argumentando concesiones del gobierno a ETA, aderezando con el tema de la desmembración de España. Me parece lamentable las piedras en el camino que este partido ha puesto al Gobierno de cara a la negociación. Zapatero ha cedido, no han parado de decir los populares. ¡Muy bien! Claro que ha sido así. Estamos en una negociación, ¿qué esperan? Porque en una negociación, es evidente que las partes presentes han de ceder algo, han de tratar de llegar a un acuerdo mediante “tiras y aflojas”, sino no estaríamos ante un proceso negociador. No quiero que se me interprete mal: evidentemente, el Gobierno tiene la legitimidad moral y constitucional para negociar, y para hacerlo desde la fuerza de la democracia y las leyes como instrumento para llegar a la paz, no con la violencia como defienden los terroristas. Por eso, las cesiones por parte del Gobierno deben de hacerse sabiendo que los que tienen que perder son los terroristas. Evidentemente, sería gravísimo e intolerable que las cesiones que se produjeran fueran las que el PP dice que se han producido (cesiones políticas, Navarra, etc.), pero para mí, esto no está más que en la imaginación del PP. Pero a lo que voy es que no hay que confundir términos: en una negociación todas las partes van a ceder algo, sino no habría negociación alguna.
Además, me parece paradójico que todo esto de las cesiones lo dice un partido popular que negoció con ETA, acercó sus presos (cosa que el Gobierno actual no ha hecho), e incluso llamó a la banda MVLN (Movimiento Vasco de Liberación Nacional). ¿Quién es el autor de lo siguiente? “Sabremos ser generosos con el MVLN”. Parece mentira, pero esas palabras las pronunció Aznar (ver hemerotecas), ese hombre que ahora va proclamando las maldades del Gobierno de Zapatero, la desintegración de España y no sé cuantas burradas más. Aznar negoció con la banda, al igual que Zapatero, pero con una gran diferencia: Aznar obtuvo el apoyo, lógico por otra parte, de la oposición, apoyo que su partido ahora niega al Ejecutivo.

Lamentable me parece la actitud del ex presidente Aznar, así como la del PP, la de algunos medios de comunicación y, especialmente, la de Francisco José Alcaraz, presidente de la asociación de víctimas del terrorismo (AVT) durante estos últimos 4 años. Dada la asociación que preside, es curioso que este señor haga sus críticas más sonadas al Gobierno y no a ETA. Me llama mucho la atención ese odio visceral hacia Zapatero, un rencor interior contra el presidente del Gobierno, al que han tildado de anti demócrata, de estar al servicio de ETA, de tener 192 muertos a sus espaldas, y de no sé cuantas salvajadas más. Parece que no se acuerda de que es una persona elegida por los ciudadanos, y que, aunque tiene todo el derecho a criticarle, creo que le debe un respeto democrático, no ya al propio Zapatero, sino a los ciudadanos que le votaron.
Muy graciosa ha sido la reciente reacción de Esperanza Aguirre, cuestionada sobre la recomendación de la Conferencia Episcopal (¿para cuando crearán un partido político, dado que se ocupan más de política que de religión?) de no votar a partidos que hayan negociado con ETA. Le dijeron los periodistas a la Presidenta de la Comunidad de Madrid: “Entonces no se podría votar a ningún partido…”. A lo que ella respondió: “No, porque no es lo mismo una negociación que unas conversaciones transparentes”. De risa. Ahí se retrató totalmente la postura de ella y su partido respecto este tema. Que pasa, ¿qué con ETA fueron a hablar del tiempo los negociadores de PP? Por cierto, que aquella negociación tuvo lugar con la mediación de un obispo, los cuales ahora hacen campaña en contra de negociaciones. Está claro que la política y los políticos son demagogos, funcionan según sus intereses y los intereses del poder… pero me parece excesiva la actitud del PP.
En el tema de la negociación, Zapatero cometió un grave error el día anterior al atentado de la T-4, al asegurar que las cosas iban bien. Además, creo que el Gobierno ha pecado de confianza de cara a la banda, y de dar demasiada repercusión pública a la negociación sin haber avanzado prácticamente, aunque también es verdad que las circunstancias políticas fueron las que fueron.

Y aquí sigue la crispación, ahora en el tema ANV y PCTV: el PP da por seguro que el Gobierno tenía pruebas para haber instado la ilegalización de este partido antes. Pienso que no es así: es en Octubre cuando cae la mayor parte de los dirigentes de Batasuna, y ahí se obtienen pruebas contundentes en su contra, pruebas que ahora han sido aplicadas contra ANV y el PCTV en la instancia de la Fiscalía, y el posterior auto del juez Baltasar Garzón (por la vía penal, que suspende las actividades de ambos partidos) y del Tribunal Supremo, que aplica medidas contra estos partidos. Otra cosa es que el Gobierno haya manejado los tiempos a su conveniencia, lo cual no me parece bien; pero las pruebas acumuladas contra ANV y el PCTV no son de hace tanto tiempo como sostiene el PP.
Además, no hay que olvidar que se necesitan sólidas pruebas para ilegalizar un partido, como el Tribunal Constitucional dijo en su día. No valen indicios, porque ilegalizar un partido político no es cualquier cosa: es algo muy grave y delicado: privar de uno de los derechos fundamentales de la democracia (sufragio activo y pasivo) a un grupo de personas, por lo que es necesario cumplir escrupulosamente la ley, y tener todos los cabos atados.
Por otra parte, económicamente las cosas no han ido mal: los indicadores macroeconómicos son buenos, la economía española crece, (más que la de la UE), y el ciclo sigue siendo bueno. Además, el Estado posee actualmente un gran superátiv. A pequeña escala, sin embargo, las cosas no son tan buenas: últimamente, el repunte de la inflación está haciendo sufrir a las economías domésticas, muy endeudadas por otra parte. Los últimos meses están siendo malos, y se echa en falta alguna medida por parte del Gobierno, muy confiado en que la mala racha acabará en unos meses. Hay que creer al ministro Solbes, pero la falta de confianza de la gente es probablemente el peor signo posible al hablar de términos económicos, y está por ver si la inflación se modera, como augura el Ejecutivo.
Así todo, los buenos números macroeconómicos, sobre todo, el alto superátiv de las cuentas públicas, fruto de los últimos años (sobre todo los 3 últimos) hacen ver que, a pesar de los malos datos del paro, la caja de la seguridad social está fuerte, y de cara a las pensiones, los sueldos, etc. el Estado está más que preparado para hacer frente a la mal llamada crisis económica.
Mal llamada porque si a cualquier persona hace 20 o 30 años le dijéramos que estamos hablando de crisis cuando España está creciendo a un ritmo de casi el 4 por ciento, nos tomarían por locos. Por eso creo que los datos se están exagerando, si bien en los últimos meses en innegable que la inflación y el paro han subido. Pero la cercanía de las elecciones hacen que los datos se saquen de contexto, y lo que es un bache de la economía estadounidense, que a España, según los expertos, no le va a afectar mucho, se hace ver como una gran crisis económica. Algún político habló incluso de recesión. Un poco de seriedad.
Según un artículo reciente de Joaquín Estefanía, “el deber económico del Estado es el mismo que el de una familia: pagar las deudas y ahorrar en los buenos tiempos, para poder hacer frente a los malos”. Y en España eso es lo que viene ocurriendo desde hace unos cuantos años, asique en mi opinión no hay que alarmarse tanto, si bien todo el mundo nota en sus bolsillos la inflación, y eso es causa lógicamente un nerviosismo general. Pero hay que ver los datos en su conjunto.

Lo que sí que no ayuda nada son los arranques electoralistas de los partidos. PP y PSOE se han lanzado a ofertar más y más, como si de una subasta de tratara. En este sentido, los 400 euros que Zapatero ha ofrecido devolver a los contribuyentes es una medida que, al margen de que sea mejor o peor para el contribuyente, en mi opinión no ayuda nada a evitar esa imagen electoralista de los partidos y sus propuestas, sino que más bien al contrario, contribuye a fomentar dicha imagen. Medidas parecidas a esta oiremos a partir de ahora continuamente. ¡A ver quién da más! Todo, como siempre, por el voto: todo vale, incluyendo la demagogia y el electoralismo.
Además, creo que estas bajadas de impuestos son contraproducentes para el país a largo plazo. Hace unos días, el Eurostat, la oficina estadística de los países comunitarios, ofrecía datos sobre presión fiscal y gasto social. Pues bien, España era uno de los países con la presión fiscal (el porcentaje de impuestos que pagan los contribuyentes) más bajo de Europa, y, también, un país con uno de los gastos sociales más bajos. Este gasto se sitúa en el 20% del PIB, mientras que en Francia o Alemania se sitúa sobre el 30%, y, en Suecia, uno de los países con mayor calidad de vida, se sitúa en el 32,9%. En cuanto a los ingresos fiscales (recaudación de impuestos), en España se sitúan en el 36,4%, mientras que la media de la UE es del 40,8%, y, en países como Dinamarca o Suecia, superan ampliamente el 50%. Por lo tanto, el problema es: a menos presión fiscal (menos impuestos), el Estado tendrá menos dinero para gasto social (educación, infraestructuras, sanidad), y, por lo tanto, el nivel de vida general podría bajar a la larga, a pesar de que para cada ciudadano individualmente sería beneficioso a corto plazo: tendría que pagar menos al Estado.
Así pues, es evidente que los países con mayores niveles de vida y de educación tienen unos impuestos muchísimo más elevados que los de España, y ahora mismo, en nuestro país los partidos no hablan otra cosa que de bajar impuestos. Es lógico por una parte, porque a todos nos gusta tener el dinero en el bolsillo, pero por otra parte es mejor mantener unos impuestos razonablemente altos para que el Estado pueda garantizar buenos servicios, sobre todo a largo plazo. Manuel Pizarro, número 2 del PP por Madrid, dijo recientemente que “el dinero del contribuyente debe de estar en el bolsillo del contribuyente”. Una afirmación así es lógica desde una perspectiva liberal como la que ofrece el Partido Popular, sin duda decidido a una bajada de impuestos. Pero lo que no es normal es que el PSOE (que se dice socialdemócrata) se deje arrastrar a una dinámica oportunista de bajada de impuestos, aunque también es verdad que la rebaja fiscal que promete el PSOE es mucho menor que la que dice el PP, y, además, el PSOE propugna mucho más claramente que el PP unos impuestos bastante más elevados para las rentas más altas.

La verdad, yo no sé qué creerme de cada partido: en tiempo de elecciones, ¿qué es verdad y qué mentira? ¿Qué manipulación y qué transparencia? Me parece que ambos partidos se toman esto como si de una subasta de votos se tratara, como comprándonos el voto, muchas veces a base de engaños, y me parece vergonzoso.

Otro tema candente es, sin duda, la relación Estado-Iglesia. Para mí, aquí el gobierno ha pecado no sólo de ingenuo, sino de irresponsable en los últimos meses. Vamos a ver: España es un Estado aconfesional, como es sabido por todo el mundo. Por lo tanto, ninguna confesión debe verse primada por el Estado, o beneficiada por el Gobierno, cosa que así ha sido en esta legislatura (y en las anteriores). Zapatero, probablemente temeroso de una fuga de votos contra el PSOE (lo cual es irresponsable se mire por donde se mire), ha mantenido una actitud de apaciguamiento de la Iglesia, que le ha llevado a hacer unas concesiones injustas a la Iglesia: primero, no es justo que cada español –sea católico, judío, protestante, musulmán, budista o ateo- pague este año 3,5 euros para el sostenimiento del clero y culto católicos. Por si no fuera poco, es un 34% más que hasta ahora. Esta medida fue pactada por el Gobierno y los obispos en 2006. Además de esta aportación sufragada por todos y cada uno de los ciudadanos, existe la aportación voluntaria a través del IRPF (el conocido como impuesto religioso): con el nuevo sistema, el coeficiente del IRPF que recibe el episcopado de sus fieles se eleva del 0,5% al 0,7%.
Por lo que se ve, cada día que pasa perece estar más lejos el objetivo de la autofinanciación, un objetivo que el Gobierno hizo suyo en su día, pero que ahora parece haber olvidado, en lo que para mí es una actitud bochornosa por parte del ejecutivo. Lo más llamativo de este nuevo acuerdo es que este Gobierno aceptó lo que habían negado a los obispos todos los anteriores: la renuncia a autofinanciarse en el futuro mediante un sistema que debió acordarse en 2001.
Por eso, pienso que las donaciones de dinero a cualquier asociación (y la Iglesia lo es) deben de estar fuera de cualquier impuesto y de cualquier tipo de financiación pública. Y hablo de impuestos, no de subvenciones, las cuales son necesarias para las asociaciones, pero son otro tema.
No quiero que parezca mi postura en contra de la Iglesia, porque no es así; muy al contrario, lo que pienso es que el Estado (y, por lo tanto, los impuestos que éste recauda), no debe de ir en contra de nadie, y para ello es necesario que tampoco vayan a favor de nadie. Y financiar directamente a la Iglesia es una postura del Estado favorable a la Iglesia, y, por lo tanto, contraria al resto de asociaciones, tengan el fin que tengan. Creo que lo justo es que la Iglesia se autofinancie, es decir, que se sostenga por sus propios medios. Pero parece que los obispos nunca se van a dar por satisfechos, a pesar del claro trato de privilegio del que siempre han gozado. Y encima denuncian una persecución contra ellos, ¡se sienten perseguidos! Yo creo que lo que pasa es que algunos de estos obispos tratan de imponer sus creencias, y, en la medida en que no lo consiguen, dicen sentirse perseguidos.
Como escribía recientemente Juan Luis Cebrián en un artículo, “el laicismo, en la medida que exista, sólo puede ser radical, pues ha de garantizar la absoluta separación entre el Estado y cualquier tipo de confesión religiosa, por mayoritaria que sea, en la sociedad a la que representa. Pero el laicismo de nuestros gobernantes lejos de ser radical está más que descafeinado, al punto de permitir y promover la presencia de toda clase de símbolos, ritos y actos litúrgicos católicos en funciones estrictamente civiles, como los funerales de Estado o las tomas de posesión de los cargos públicos. Desde el punto de vista de la construcción democrática, estos hechos son más perniciosos incluso que la financiación con dinero público de las confesiones religiosas porque transmiten un permanente mensaje de la supuesta catolicidad del Estado. Por lo demás, si los obispos y sacerdotes quieren entrar en política, en su derecho están. Pero a la hora de recibir sus lecciones sobre democracia habrá que recordarles que la Iglesia es una de las sociedades menos democráticas de las imaginables. No guarda los más mínimos de los requisitos exigibles a cualquier formación política que concurra a unas elecciones libres y, desde luego, llama la atención el machismo, éste sí, radical de su estructura de poder y la ausencia de cualquier sombra de igualdad de género en sus filas”.

Hay otros temas en los que el Gobierno se ha mostrado demasiado apaciguador ante la Iglesia: por ejemplo, la pasividad del Gobierno ante los comunicados de los obispos no se entiende, si no es, como decía antes, por el temor a la pérdida de votos. El Ejecutivo no se puede quedar callado ante manifestaciones tan graves como las que vertió hace poco la Conferencia Episcopal, que llegó a decir incluso que el PSOE representaba un peligro para la democracia. Es paradójico que una institución internamente tan antidemocrática y atrasada como la Iglesia hable de democracia, pero es su opinión, que ahí está y hay que respetar. Pero una cosa es respetar y otra no reaccionar ante este tipo de proclamas; y, para mí, las respuestas del Gobierno han sido correctas, pero muy tibias sin duda, y creo que obedecen al temor de una pérdida de votos. Lo mismo pasa con el aplazamiento de los debates sobre la eutanasia y el aborto, que el Gobierno ha quitado de su lista con objeto de no molestar a la Iglesia, al igual que ocurre con los acuerdos bilaterales suscritos desde 1979 con el Vaticano, a los que el PSOE siempre se ha opuesto, pero ahora parece que se olvida de ellos.
Se ve que la política de acercamiento y apaciguamiento (insisto, para mí errónea) del Gobierno, no ha hecho sino envalentonar a una Iglesia que no quiere aceptar las cada vez menos simpatías que posee, con una postura doctrinal y extremista. Debería tratar de mantener a sus fieles, y no de echar la culpa al Gobierno de la secularización de la sociedad, un proceso lento pero tenaz, y que lleva ya muchos años manifestándose.
Con el tema de la educación, más de lo mismo: como apuntaba Javier Marías hace unas semanas, “el Gobierno ha amoldado Educación para la Ciudadanía, esa asignatura tan polémica, en los colegios que la Iglesia considera suyos, pero que sufragan los españoles”.

El otro debate que sobresale de las manifestaciones eclesiásticas, junto con el del modelo de familia, es el del aborto. Muchas asociaciones de mujeres vienen pidiendo últimamente abrir el debate sobre la ley del aborto, ley que dicen no es justa con el derecho al aborto, ya que la base de dicha norma son 3 supuestos en los que se puede abortar, y que, atendiendo a las estadísticas, parece claro que estos supuesto pueden ser utilizados fraudulentamente. Esto es compartido también por algunos sectores de juristas (aunque hay muchas opiniones en contra también).
Además, lo que está claro es que si una mujer quiere abortar, lo va a hacer, porque puede irse fuera de España y hacerlo en cualquier país europeo que posea una ley por plazos. Por lo tanto, al margen de consideraciones morales, tan sólo por conveniencia práctica puede parecer lógico abrir el debate para cambiar la ley. Hay que recordar que España es uno de los países más restrictivos con el aborto; en la mayoría de los países europeos las leyes abortivas funcionan a plazos, y no por supuestos, como aquí. Asique creo que sería bueno abrir el debate, pero debe ser largo y tranquilo, dadas las muchas sensibilidades que este tema crea. Al igual ocurre con la eutanasia, tema que, a pesar de estar incluido en el programa electoral socialista, no ha sido ni siquiera mencionado por el Gobierno, que parece que hay una serie de temas que considera tabú. Está claro que es imposible cumplir todas las cosas que se promete en el programa electoral (algunas de ellas son casi imposibles), pero no hacerlo en temas tan sensibles es engañar a los votantes.

Otra propuesta de última hora viene desde el PP: anuncia que, si llega al Gobierno, obligará a los inmigrantes a firmar un contrato con el que se comprometen a respetar nuestra cultura, leyes, a integrarse en la sociedad, etc. Una medida que me parece un tanto racista. Y, si no, ¿por qué no aplicarla a todos los nacidos en nuestro país, o es que ningún español tiene problemas en nuestro país? ¿Es que todos los españoles viven adaptados a nuestras leyes, nuestro sistema, nuestra forma de vida? La respuesta evidentemente es que no, por lo tanto está claro que dirigir una medida así a este grupo es establecer una distinción clarísima. Porque cualquier persona que se encuentre en España (sea español o no) está sometido a las leyes de nuestro país, y, por lo tanto, debe cumplirlas. Y aquél que no las cumpla, queda a disposición del sistema judicial. No hace falta ningún contrato para garantizar el cumplimiento de las leyes, no hacen falta leyes que sirvan para hacer cumplir las leyes. No tiene sentido.

De cara a las elecciones, también me parece importante el tema Gallardón. Creo que, aparte de la pésima gestión del asunto por parte de Rajoy durante estos meses (debería de haber dejado las cosas claras a Esperanza y Gallardón hace mucho), lo que se ha demostrado con la decisión de apartar a Gallardón es que en el PP aún manda el “establishment” que Aznar dejó a la cabeza del PP cuando se fue, y que aún controla a través de estos dirigentes de su confianza (Acebes, la propia Esperanza Aguirre, Zaplana…). Nadie duda de que Gallardón es (era) un buen valor para el PP de cara a las elecciones, debido a su influencia para captar votos de centro, y que eso al PP le vendría de maravilla. Entonces, es evidente que la decisión de Rajoy es objetivamente mala para él y su candidatura, como están demostrando los sondeos. Entonces, ¿por qué apartó a Gallardón? La línea oficial de Rajoy es que el apartar a Gallardón se debe a que tiene un compromiso con los madrileños. Está claro que esa respuesta queda muy bonita, pero no se la cree nadie, teniendo en cuenta como llevo diciendo varias veces en este artículo que a los partido les interesa los ciudadanos, sí, pero más sus votos (y la decisión de no meter en listas a Gallardón, parece claro que, como mínimo, no va a sumar votos para el PP). Por lo tanto, creo que la respuesta está clara: a pesar de que el líder del PP sabía que iba a perjudicar su candidatura a las elecciones, no se atrevió a posicionarse contra Aguirre y el sector derechista del PP, dado el enorme poder de éstos, y no le quedó más remedio que apartar de las listas a Gallardón, aderezándolo de cara a la opinión pública con un “hace más falta en otro sitio”.

Por eso creo que la gente de Aznar sigue mandando en el PP, lo que no me parece raro: es lógico, porque Aznar ha sido la figura más importante del PP en su historia, pero creo que representan una derecha muy radical, y, como he dicho al principio, mezquina con el Gobierno de Zapatero desde que éste llegó al poder. Y en gran parte debido a Aznar, que desde que abandonó la Moncloa no ha hecho más que soltar sapos y culebras contra todo lo que represente la izquierda de España, tachándola de anti demócrata, antiespañola, anticlerical… y haciéndose ver él como el único garante de la libertad, el dueño de la correcta moral, de la verdad, de la libertad (¿?)… Aznar, que por un momento se creyó hace unos años el escudero de Bush, lo que le hizo crecerse de manera infantil. Y ahí sigue, con aires de grandilocuencia, con despotismo y chulería, y, sobre todo, defendiendo unas posiciones extremistas que ni España ni el PP se merecen, porque no hay que olvidar que la mayoría de los votantes populares están en contra de la actitud actual de Aznar. Para mí, miente y manipula José María Aznar cada vez que habla de la política española, y todo porque sigue sin aceptar su derrota en las anteriores elecciones, como comenzaba diciendo en este artículo.

La verdad es que lo que ha pasado con Gallardón es algo típico en las luchas por el poder dentro de los partidos: pasó con el PSOE, con IU, y ahora con el PP; pero la forma en la que se ha hecho, y, sobre todo, el momento elegido, deja a Rajoy por los suelos. El hombre intentando darlo todo de cara a las elecciones, y mientras, por detrás, Aguirre y Gallardón maquinando para sucederle si pierde. Es bastante humillante para el líder del PP. Al final, puede que todos salgan perdiendo: Rajoy, evidente, si pierde dentro de apenas dos semanas; y Aguirre, si el PP pasa por un período de reflexión y logra dejar atrás la época de Aznar y se abre nuevos caminos con dirigentes jóvenes (lo cual creo necesario para el PP y para la política española).
Asique pienso que con la decisión de apartar a Gallardón, Rajoy se ha hecho un flaco favor a sí mismo, y a las opciones de los populares de cara a las elecciones. ¿Y quién sabe si, a largo plazo, Gallardón no podría salir beneficiado de todo esto?

En resumen: se acaba una legislatura en la que ha dominado la falta de seriedad, las descalificaciones y la labor de una oposición, para mí, lamentable.
El PP se ha mostrado muy radical, y sus medios afines manipuladores (si bien es verdad que no hay medio que no manipule, pero no tan partidista y demagógicamente), lo que no es bueno para la democracia. Muchas veces el Gobierno tampoco ha ayudado, entrando al trapo del PP, lo cual es muy grave, porque el Gobierno tiene una responsabilidad de gobierno que debe caracterizarse por la seriedad, y que es incompatible con el juego sucio. Pero con todo, creo que la carga de la irresponsabilidad, la demagogia, el juego sucio y la mentira se la lleva sin duda el PP, con su actitud ante los temas de los que he hablado arriba, y otros: destacar la lamentable, reprobable y asquerosa estrategia seguida en el caso del hospital Severo Ochoa de Madrid, donde el Gobierno de Esperanza Aguirre acusó, sin pruebas, y amparándose bajo una denuncia anónima (¡donde se ha visto!), a un grupo de médicos de realizar sedaciones irregulares. Mientras tanto, Losantos y cía. les llamaban asesinos. Así, con todas las letras. Es indignante: esos médico son echados de sus puestos sin pruebas, sin indicio alguno… a saber que causas o que intereses ocultos tuvo el Gobierno de Aguirre al hacer eso. Quizás la obsesión de algunos ante el aborto, o la eutanasia (¿dónde la hubo?), les lleva a cometer barbaridades como estas… en fin, lamentable. Menos mal que al final la justicia ha hablado y ha puesto a cada uno en su sitio: los tribunales han dejado claro que los médicos no hicieron nada irregular, y que el Gobierno de Aguirre actuó mal. Pero como aquí nadie pide disculpas y no pasa nada, pues eso: todos contentos y a seguir cada uno en nuestro sitio.

Por su parte, el Gobierno creo que ha llevado a cabo una buena gestión en términos generales, con más aciertos que fallos. Sobre los primeros, destacar la fuerte subida de pensiones y salarios, el buen rumbo del empleo de calidad y la buena marcha de la economía, además del aumento del gasto en infraestructuras y obras públicas. Pero, por encima de todo, creo que ha sido muy importante el gran número de leyes aprobadas, y la gran trascendencia de algunas de ellas, algo de lo que se ha hablado muy poco, que la ciudadanía desconoce, y ese es uno de los grandes fallos del Gobierno, y, a la vez, acierto del PP: el hablar poco de las cosas positivas que se han hecho, y centrar la atención en los aspectos negativos. Cuando el Gobierno habla de la ampliación de derechos y libertades que ha llevado a cabo en esta legislatura, no es una mera coletilla: realmente, se ha mejorado la calidad de vida de las personas, se han llevado a cabo mejoras en ámbitos sociales muy importantes. El mejor ejemplo de ello es quizás la ley de dependencia, que no es ya una norma que simplemente dote de ayudas económicas, sino que se trata de algo de mucho más alcance: es una ley que amplía los derechos de las personas dependientes y de sus cuidadores, asegurando unos cuidados y dotación para ambas partes, algo que solamente está al alcance de unos pocos países en el mundo, y que España no hubiera podido siquiera soñar hace tan sólo unos años. Y, al igual que esta ley, ha habido otras que también han contribuido a aumentar derechos y libertades de las personas, por lo que se puede considerar esta legislatura como una de las de mayores avances sociales, si miramos desde la instauración de la sanidad y la educación públicas, y todo a pesar de lo poco conocidas que son estas medidas de cara al público. Y este desconocimiento es, como digo, parte fallo del Gobierno y parte acierto del PP, y tiene mucho que ver con la crispación vivida esta legislatura, que nos ha hecho centrar la atención en otros debates, muchos de ellos sin sentido, como por ejemplo la desmembración de España. Con todo, también pienso que el Gobierno ha pecado de oportunista con algunas leyes, como por ejemplo la de igualdad.
Sobre los fallos de Zapatero, que es de lo que más se suele hablar, para mí son varios, entre los que están: el gasto social ha aumentado, pero no tanto como el Presidente prometió hace 4 años; al igual pasa con otras partidas públicas, como la destinada a la investigación y el desarrollo (I+D), que, si bien ha subido, no lo hecho de la forma que prometió Zapatero; por estos y otros temas me parece que el PSOE ha sido poco serio en ocasiones, al igual que en el caso de los debates (que al final no ha habido) sobre el aborto y la eutanasia, problemas que están ahí y que es necesario abrir; o la tibieza ante las relaciones con la Iglesia (la autofinanciación deberá llegar), y ante el Vaticano (creo que se debería revocar el acuerdo vigente con este Estado, teniendo en cuenta que España es un país aconfesional).

Está por ver si en la siguiente legislatura el clima de enfrentamiento entre los 2 grandes partidos se calma, que sería lo deseable, o por el contrario aumenta.

Y hablando del clima político en general, creo que, aunque en España gozamos de una gran democracia, y de un nivel de vida muy alto, bien podríamos aprender de los procesos electorales de países como Estados Unidos, que, si bien su modelo de Estado y convivencia no comparto en algunos aspectos, lo que está claro es que su vida democrática es mucho más “limpia” que la nuestra. Sus elecciones dan mucho más protagonismos a las personas y a los candidatos individualmente que a los partidos (el sistema es de listas abiertas), lo cual es síntoma de mayor pluralidad y más sometimiento de los candidatos y los partidos a los ciudadanos (cosa que aquí es al contrario: son los partidos los que imponen las ideas a sus candidatos, y estos tienen que defenderlas sí o sí). Estados Unidos tiene defectos sin duda (por ejemplo, me parece mucho más justo el Estado de bienestar que disfrutamos aquí, con un gasto social y una iniciativa pública inmensamente mayor que la de los Americanos), pero en cuanto al proceso electoral y la convivencia democrática en general, los estadounidenses (y muchos otros países, como el Reino Unido) nos llevan la delantera claramente.

Pienso que en la política de nuestro país hace falta menos manipulación, más realismo, menos enfrentamientos, más respeto entre las partes… simplemente normalidad democrática, y, sobre todo, responsabilidad por parte de los políticos, que gobiernen pensando en las necesidades de la población, y no utilizando dichas necesidades de forma partidista (lo cual hacen muchos), comprando nuestra voluntad, tratándonos a los votantes como simples medios para obtener el poder, como si nuestros votos les pertenecieran a ellos, cuando en realidad son solamente nuestros. Que la clase política se gane nuestra confianza a base de propuestas, que son necesarias, y a base de ideas, pero no a base de engaños y manipulaciones. Y que no nos tomen por tontos.

Creo que es imprescindible acabar con el sectarismo y la corrupción de algunos políticos, que no están en política sino por intereses y ambiciones personales (afortunadamente en la mayoría de casos no es así). Y reformar el sistema electoral, para ganar en pluralidad y en control de los cargos públicos y de nuestros políticos, creando listas abiertas; por ejemplo, cambiando la famosa ley D’Hondt, que, lejos de beneficiar a los nacionalistas, como PP y PSOE nos hacen creer, a quien favorece claramente es a los dos grandes partidos. Y muchas más cosas, pero esto es un tema muy largo, y creo que ya me he explayado mucho…

En definitiva, creo que es necesario que todos votemos, a pesar de las dudas y la poca confianza que nos ofrecen nuestros políticos, aunque sea “por el bien de nuestro país y por la salud de nuestra democracia”, que suelen decir los partidos… y, por supuesto, por el bien de cada uno de nosotros, aunque la verdad, puede que nuestra vida no cambie excesivamente gobierne quien gobierne.

El 9-M está aquí. Que gane el mejor (o el menos malo).

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