La
llamada ley de costas
su anímo de protección esta acabando con los sueños
de muchas familias
Ana
Delgado estudiante de bachillerato, Colegio La
Paz, Torrelavega (Cantabria)
El problema
que acarrea la ley de costas está teniendo una gran polémica
en nuestro país, afectando sobre manera a aquellos que se ven
directamente perjudicados.
Considero que para entender de que trata dicha ley es preciso hacer
alusión a la explosión demográfica en la que está
involucrado el mundo de hoy y que ocasiona diversos problemas, entre
ellos el agotamiento y sobreexplotación de los recursos que éste
nos proporciona, entre ellos el suelo.
Incluyendo en él la proporción de terreno más próxima
al mar, la costa. Cuya riqueza del suelo ideal para explotaciones ganaderas,
clima y atractivo turístico crean un enorme atractivo que contribuye
a una explotación masiva del territorio.
En España éste es un problema de grandes dimensiones debido
a que cuenta con una gran longitud de costa (7.880km aproximadamente);
estando el 40% de ésta ya urbanizada o con la calificación
de urbanizable.
Según los expertos se ha llegado a ésta situación
por una falta de coordinación entre la legislación del
dominio público marítimo y la del suelo. Produciéndose
un doble fenómeno de destrucción y privatización
del litoral, que según parece podría intensificarse en
los próximos años.
De ahí que se precise de una ley con el objetivo de garantizar
que se realice un uso correcto del mar, de la calidad de sus aguas y
se respete su paisaje.
La ley de Costas fue declarada en 1988, aprobada por el Real Decreto,
en el año 1988. Según ésta las edificaciones o
instalaciones construidas a menos de 100 metros de distancia desde el
borde del mar antes de dicho año pasaban a ser del Estado, el
cual permitía a sus duelos su posesión durante 30 años,
(pudiéndose ampliar a 60) pero sin la libertad para venderlas
o reformarlas.
La realización de éstos deslindes fue bastante tolerante
hasta el año 2004, cuando la ex-ministra Narbona comenzó
a aplicar la ley, lo que originó una gran oleada de protestas,
ya que se estima que existen actualmente alrededor de 45.000 viviendas
en ésta situación.
Entre todas éstas historias, encontramos a Jose Luís Thomas,
presidente de la Asociación de Afectados por la Ley de Costas
en Cantabria; empresario y padre de familia que reside actualmente en
el pueblo de Carasa perteneciente a la Junta de Voto de Laredo, en donde
además de su vivienda familiar, en la que reside mucho antes
de que esta ley viese la luz, tiene su empresa “La Bien Aparecida”
ente de producción de leche y sus derivados, de la cual depende
su economía por entero ,y a la que está ligada su explotación
ganadera, de donde obtiene sus materias primas ubicada en el mismo lugar,
por supuesto ésta también se vería afectada.
Él y su familia corren el riesgo de perder su forma de vida y
su vivienda sin ninguna indemnización ni bonificación
a cambio, aun habiendo adquirido todas éstas propiedades con
todas las licencias exigidas y registradas en el Registro de Propiedad.
Sin en el más mínimo reparo asegura que hará cuanto
esté en su mano por modificar la ley para que al menos los inmuebles
edificados con fecha previa a la declaración de la ley de costas
les sean expropiados.
Me parece oportuno apuntar que una mayoría de todos estos afectados
no quedaría satisfecho con una compensación de carácter
económico, ya que muchos como Jose Luis Thomas verían
sacrificado en vano su esfuerzo y entusiasmo si nos dirigimos a el mero
hecho profesional, sin olvidar los motivos sentimentales que cada afectado
tenga en el territorio que quiera ser deslindado.
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