Los cazadores desenfundan

Victor Manuel Sanchez
estudiante de bachillerato, Colegio La Paz, Torrelavega (Cantabria)
Pablo Arce
estudiante de Ciencias Económicas, Universidad de Cantabria

Miles de manifestantes han llenado las calles de muchas ciudades españolas y las páginas de muchos periódicos durante los últimos meses, a fin de criticar la nueva Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad que el Ministerio de Medio Ambiente quería poner en marcha. Bajo el lema “Por el campo, la caza y la conservación”, los cazadores y trabajadores del campo han cargado durante meses contra la ex ministra Narbona, que tiempo después ha desaparecido, con ministerio y todo, acusada de tomar medidas “propias de regímenes autoritarios y no democráticos”. Las movilizaciones han estado convocadas por la Real Federación Española de Caza (RFEC), la Oficina Nacional de Caza y la Asociación de Jóvenes Agricultores (ASAJA) y casi 40 organizaciones más.
La Ley del Ministerio propone cambiar el plomo de los cartuchos por acero, bismuto o cerámica lo que conlleva que los cazadores deban de cambiar sus armas, en caso de que estas tenga una antigüedad superior a 10 años, y un aumento de la peligrosidad de su uso, pues, por ejemplo, el acero puede rebotar y causar accidentes, e incluso, poder llegar a hacer explotar el cañón del arma. El problema del plomo proviene de que éste es uno de los metales más tóxicos que existen y que en las zonas más húmedas del mediterráneo español se han encontrado concentraciones de plomo muy superiores a la media mundial. Además, según algunos estudios, se certifica que 50.000 aves mueren anualmente a causa de ingerir este metal. En otro orden, hace años que se retiró el plomo por la normativa europea ROHS (Restriction of Hazardous Substances). Por ejemplo, muchas empresas electrónicas ya lo sustituyeron por cobre o cerámica.
Otro de los motivos de queja de las asociaciones de cazadores estriba en el hecho de estar sujeta su actividad a casi 800 normas regulatorias, desperdigadas por 17 legislaciones autonomices e innumerables de mancomunidades, ayuntamientos, diputaciones y organismos autónomos. A las que ahora se suma una nueva legislación que, solapada a las anteriores, es, además, “intervencionista y confiscatoria” al mermar sus derechos. Además de que enfrenta a los gestores y usuarios del campo con el mundo rural, que son los que lo han conservado durante siglos. No solo se dedican a ir al campo a cazar, si no que también le cuidan, le mantienen y le aprecian. Según este colectivo “va en contra de la protección del Medio Ambiente” y, como ya hemos apuntado, “es propia de regímenes autoritarios”.
Todo ello se mezcla con un ambiente crecientemente hostil, desde hace años, a los que practican este deporte. Ambiente que se manifiesta en libros, opiniones de los medios y grupos de activistas que no dudan en tachar a quienes practican la caza, de pertenecer a un colectivo, rancio, elitista, maltratador y asesino del medio animal.
Cabe destacar de esta Ley que no se permite dejar animales muertos en los montes o zonas de caza. Ante esto, salta la duda de qué harán los animales carroñeros que, probablemente, se dedicarán a partir de la entrada en vigor de la ley, si se aprueba en esta legislatura, a atacar presas vivas para poder sobrevivir. Probablemente, el perfil aristócrata o de nuevo rico de algunos cazadores o el escándalo del ahorcamiento de galgos por sus dueños al final de la temporada, no ayuda mucho a transmitir a la sociedad una imagen más ajustada de este colectivo. En todo caso, lo que resulta evidente es que en este tema, aun no se ha disparado el último cartucho.

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