Los Ochos, la muerte de un barrio

Patricia Ruiz, Andrea Ruiz
estudiantes de bachillerato, Colegio La Paz, Torrelavega (Cantabria)

Últimamente, diversos barrios como el de Los Ochos, se están viendo amenazados por los planes parciales que el Ayuntamiento de Torrelavega, tiene previsto desarrollar en barrios como el anteriormente citado pero que no es el único, sino que forma parte de una cadena de barrios que seguirán el mismo camino como es el de Mies de Vega.

Vamos a centrarnos en el Plan Parcial de los Ochos. El origen de este plan de desarrollo comercial, se ve situado en el 18 de junio de 2005, en donde el PSOE en gobierno de coalición con el PRC, aprobaron el desarrollo de un plan parcial que convertiría al pueblo de Sierrapando en una importante área comercial, no solo a nivel local, sino también a nivel comarcal e incluso provincial al verse situado en él, comercios que no podían encontrarse en la provincia, como es el caso del centro de bricolaje, o por centros que solo podíamos encontrar en la capital de provincia.

Hasta entonces, Los Ochos, no eran más que una gran extensión de praderas que en el Plan Parcial de 1985, quedaban a expensas de su desarrollo urbanístico y sobre todo industrial.

Los vecinos, agrupados dentro de la Asociación “Ara del Dobra”, se opusieron desde un principio, al plan que desde la alcaldía se pensaba llevar a cabo, al considerar que esto podría empeorar el nivel de vida de los vecinos, como tampoco veían que se ajustarse al anterior plan parcial desarrollado en 1985.

El Plan Parcial de los Ochos, se comenzó a construir, hace algo más de dos años, encontrándose la primera fase ya concluida tras la implantación de cinco superficies comerciales; faltando por tanto de realizar, la última parte de la fase de transformación y desarrollo, la cual ha sido y es la más problemática ya que un total de quince viviendas, situadas junto al Concesionario de Ramón González, deberán reurbanizarse y en consecuencia una nueva distribución del suelo residencial-industrial, por lo que las quince viviendas anteriormente nombradas, deberán ser derruidas, junto al Concesionario, para reordenar el espacio con nuevas edificaciones, calles y servicios.

El propio Defensor del Pueblo, dictó que la actuación municipal había sido correcta, por lo que según el plan debería seguir la idea de reurbanizar, ceder suelo, proyectar, construir y adelante la idea de derribar las casas en las cuales desarrollaron su vida las quince familias afectadas y que a pesar de las indemnizaciones que han sido consideradas correctas por la Sentencia del Tribunal(sin embargo, las cantidades son irrisorias y no permiten adquirir un inmueble de similares características en otra zona del municipio). En todo caso, el dinero, no será capaz de cubrir todo cuanto estas familias han vivido y luchado durante su vida por esas viviendas en donde han envejecido y que deberán dejar atrás si una de las partes, el concesionario, o los vecinos obtienen juntos la cantidad del 51% o más del terreno que hay en el barrio, en cuyo caso se podría obligar a urbanizar la totalidad del plan con lo que ello implicaría de derribo total de las edificaciones actuales. De este modo o los propietarios actuales se convierten en promotores del plan o bien ceden sus derechos a una promotora externa, que proceda al reparto de derechos y obligaciones, a cambio de participar en los posibles y futuros e inciertos beneficios en la venta de los nuevos inmuebles construidos, o ceden sus derechos a cambio de un precio expropiatorio previamente acordado.

Quizás este tipo de planteamientos urbanísticos decididos por las autoridades municipales, en sus planes de Ordenación, no tienen en cuenta las enormes dificultades que pueden entrañar estas actuaciones en grupo de diversos propietarios de fincas, unas desarrolladas y explotadas en un 100% y otras con unos usos menores y que han de ponerse de acuerdo para obtener unos beneficios futuros inciertos, en un momento puntual y concreto que con toda certeza choca con los intereses de unos vecinos y otros.
Para terminar y aclarar cualquier duda se ha medido con el mismo rasero una industria del tamaño del Concesionario de PEUGEOT en Torrelavega, con sus vecinos colindantes, que disponen de sus fincas y domicilios en las mismas, y cuyas posibilidades económicas para disponer de una vivienda en otra zona mientras se ejecuta el plan son limitadas.
Así se da la paradoja, de la imposibilidad de construcción alguna para los vecinos, únicamente se les autoriza a reparar tejados, etc… y sin embargo, si se autorizó la ampliación de las instalaciones del concesionario, que tuvo lugar en el año 2006.

A buen entendedor pocas palabras bastan.

Cantabria

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