Maria
Velarde estudiante de bachillerato, Torrelavega
(Cantabria)
“La
nueva Ley de Montes del gobierno autónomo amenaza la propiedad
de decenas de familias cántabras”
¿De quien es mi tierra?. Esta es la pregunta que se hacen muchos
los ciudadanos de Cantabria viendo últimamente los medios de
comunicación. Por un lado está la dirección de
montes diciendo que estos son de utilidad pública y por lo tanto
no puede haber propiedades privadas en ellos y de otro lado los propietarios
de fincas particulares, que reivindican su propiedad bien sea por haberlas
adquirido, por compra, herencia, cerramientos…
Las fincas privadas se fueron adquiriendo en su mayoría por compra
al estado mediante diversos procedimientos. Los más importantes
son las desamortizaciones que comenzaron en España dos siglos
atrás siendo la de Madoz la más importante ya que en ella
salían a subasta los terrenos comunes y de propios de los pueblos
así como las roturaciones que se iniciaron con el real decreto
de 1 de diciembre de 1923 por la cual los pequeños propietarios
tenían acceso a los bienes comunes de los pueblos. Esto quiere
decir que del 100 % de su valor previa tasación de un perito,
se pagaba su valor de la siguiente forma, a la hacienda pública
el 20% y a los ayuntamientos y juntas vecinales propiedades del monte
el 80%. Todas estas ventas se pueden comprobar investigando en distintos
archivos y hemerotecas así como en el registro de la propiedad
y en notarias. Es un trabajo muy laborioso pero se puede comprobar que
la administración vendió sus montes sobre todo en la segunda
mitad del siglo XIX (las diversas desamortizaciones) y principios del
siglo XX ( roturaciones arbitrarias ) por la necesidad que había
de obtener dinero y por lo tanto para sanear la hacienda pública.
Esto concluyó con la creación de la propiedad privada
en los montes públicos. ¿Cómo es posible que lo
vendido ahora siga siendo de ellos? Para montes hasta ahora no ha sido
valido ni escritura pública, ni registro de la propiedad, ni
catastro, ni nada en absoluto. ¿En qué país vivimos?
Pagando impuestos por ventas, por herencia… y nada tiene validez.
Hay que preguntarse si es que la propiedad privada tiende a desaparecer.
Solo hay que ver en Cantabria por un lado montes, costas, Pol…
todos ellos acaparan la propiedad privada, solo la dejan al ciudadano
para que lo cuiden y protejan sin embargo ellos lo gobiernan a su antojo.
En el caso concreto de los montes, el problema se agrava con la ley
estatal de montes del 2003 ya que incorpora al concepto a todo lo de
utilidad pública demanial. Es decir es inalienable, inembargable
e imprescriptible. Todo lo actuado en los montes anteriormente es válido
porque las leyes de aquel momento permitían ventas e incluso
la usucapión, la posesión quieta, pacifica e ininterrumpida
durante más de 30 años. Por lo tanto lo que Cantabria
necesita es una ley de montes autonómica, ya que es una de las
pocas comunidades que carece de ella, que resuelva todos estos problemas
actuales. Por un lado hay que medir todos los montes actualmente, deslindar,
para que su medida se ajuste a la realidad y así poder excluir
de ellos todas las propiedades privadas, ya que mantienen sus medidas
iguales que antes de la inclusión en el catálogo, es decir
antes de practicar la desamortización y las roturaciones entre
otros. Una vez excluidas las propiedades privadas de los montes habría
que confeccionar ya la ley para regular todo lo que quede de monte de
utilidad pública, que aún es mucho, y debidamente administrado
sería un gran porte económico para nuestra comunidad.
Gestionando bien esos montes se podría dar trabajo a muchas personas
y así solucionar un poco la actual crisis económica que
padecemos, ya que no es compatible la propiedad privada y la utilidad
pública.
Los
políticos tendrían que ver hasta ahora el ignorado problema
de los propietarios y cesionarios en estos montes, unos 12000 en Cantabria,
que no pueden ni vender sus propiedades ni realizar obras… pagan
sus impuestos religiosamente, contribuciones y demás impuestos.
En el catastro las propiedades aparecen a nombre de los particulares,
sin embargo esto tampoco es válido para montes.
¿Qué sucede, que nos engañan todas las administraciones?
A parte del daño económico que se está haciendo
a estas familias como es la devaluación de sus propiedades, perdida
de actividad empresarial, multas… está el daño moral
ya que muchos tienen ahí sus casas, su actividad. Han nacido,
las han heredado de sus padres, abuelos y demás antepasados y
tienen un vínculo muy especial con su tierra. Viendo los medios
de comunicación las personas que están fuera de este problema
opinan que lo público es público y que hay que devolverlo
a su estado. Hay que pedir que todos los que opinan así se informen
de cómo eran los montes antes de ser de utilidad pública
y de incluirse en el catálogo. Eran bienes de propios de los
pueblos, gestionados por hacienda, y por lo tanto se podían vender
y poseer.
Tras muchos años de lucha, parece que nuestro gobierno autonómico
ha llegado a esta misma conclusión ya que, según publican
estos días los medios de comunicación, se podrían
alcanzar acuerdos que aceptan las propiedades en los montes que tienen
un expediente completo, bien de roturaciones arbitrarias, desamortización
u ocupación. El interrogante ahora es si esta decisión
es fruto del estudio de archivos históricos y datos jurídicos
o viene dado por unas próximas elecciones.
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