Derribos de casas en la costa

PORTADA | HISTORIA DE ESPAÑA | ECONOMIA | ESTUDIANTES | EOLAPAZ.ES

370, editado Domingo, 4 Julio, 2010

Derribando sueños
decenas de familia siguen a la espera de una solución para no perder sus casas

Álvaro Saenz
estudiante de bachillerato, Torrelavega (Cantabria)

Hace más de 20 años que asociaciones como “Perjudicados por la Ley de Costas” llevan denunciando los atentados paisajísticos que, tanto en España como en Europa, se están produciendo. Al igual que las sentencias de derribo que existen sobre cientos de edificaciones en Cantabria y que mantienen en vilo a más de mil familias que desconocen dónde transcurrirán el resto de sus vidas. Para Carmen del Amo, Presidenta de esta asociación, “sucede que han estado 20 años haciendo y deshaciendo a su antojo; derribando y dejando sin vivienda a mucha gente que, por ignorancia, miedo o falta de apoyo, han sido incapaces de hacerles frente como lo estamos haciendo ahora”. Actualmente no ocurre lo mismo y los afectados se han unido para luchar con un fin común que no les arrebate aquello donde comparten su vida son sus seres queridos como es su vivienda.

Y es que son 1.040 las viviendas con sentencias de derribo en Cantabria que siembran la incertidumbre sobre sus propietarios. Municipios como el de Piélagos están a la cabeza en cuanto a número de viviendas afectadas siendo 483 las que mantienen sentencia de derribo firme y a la espera de que, en cualquier momento, se produzca el desgraciado acontecimiento. Argoños es otro de los lugares afectados, y desde hace más tiempo, con constructoras que llevaron a cabo el proyecto y ahora han desaparecido; es decir, no hay nadie a quien pedir explicaciones. Arnuero con 144 viviendas, Miengo con 100, Comillas con 8 y Escalante con 32 edificaciones afectadas completan las más de mil casas cuyos propietarios se levantan cada día con la duda de si esa noche volverán a dormir en sus camas.

Pero no debemos quedarnos solo en la construcción propiamente dicha. Detrás de esas paredes hay familias con historias que contar. Personas que sufren el impacto de las sentencias y cuya esperanza se basa en una propuesta del Gobierno Regional que intentará contentar a todas las partes: ayuntamientos, asociaciones de víctimas y asociaciones ecologistas.

Como ven, todo este desaguisado difícil de comprender y totalmente injusto para los que han pagado su vivienda dignamente o lo están haciendo todavía, mantiene a dos partes enfrentadas y a una como intermediaria, y culpable, que intenta contentar a todos. Pero no lo consigue.

Ha sido una asociación ecologista llamada ARCA la que denunció la irregularidad en las construcciones de estas urbanizaciones costeras de Cantabria y la que ha llevado hasta el final la lucha con el fin de que éstas se derriben y el paisaje vuelva a su estado natural. No les vale con legalizar las viviendas ya construidas para que las familias, totalmente inocentes, no pasen por un calvario. Según Gonzalo Canales, presidente de ARCA, “los políticos que intentan legalizar viviendas son basura humana”. Por ello, y para esta organización, los derribos son la única solución.

Mientras ARCA se mantiene inmóvil en sus principios, el Gobierno Regional ha presentado un Plan de Actuación en el cual se basan las esperanzas de los afectados. Pero el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria lo desoye, manteniendo la misma postura que ARCA. Este Plan no tiene porque entorpecer las sentencias y procesos de derribo. En otras palabras, “no hay que tomarlo en cuenta”. Un duro golpe difícil de asumir para AMA – Asociación de maltratados por la Administración –, mayoritaria y la más contundente en cuanto a afirmaciones y manifestaciones ya que, para éstos, la Justicia hace caso omiso a un “instrumento útil” como es el Plan del Ejecutivo regional. Eso si, preocupa más a los afectados la forma que el fondo ya que, en palabras de Antonio Vilela, Presidente de AMA, “el fondo jurídico es totalmente válido. Lo malo es la forma, al no querer presentarse en los procesos el propio Gobierno de Cantabria ni querer asumir las responsabilidades que le corresponden. Es por eso que el Plan no ha sido válido”.

Según un estudio publicado por la asociación que preside Antonio Vilela, ejecutar todas las sentencias de derribo que hay en Cantabria supondría un desembolso para el erario público que se acerca a los 219 millones de euros, entre proyectos y obras de demoliciones, indemnizaciones a los propietarios de las viviendas y reconstrucción de las zonas afectadas. AMA ha hecho los cálculos y éstos son significativos: cada familia cántabra debería abonar 1.650 euros para hacer frente a los derribos y cada vivienda a demoler tendría un coste de 210.000 euros. Cifras estratosféricas y a las cuales no sabemos quién tendrá que hacerlas frente: si el Gobierno de Cantabria o las empresas constructoras que en su mayoría han desaparecido. En eso, nadie se ha parado a pensar. Y mucho menos ARCA cuyo principio y fin del problema se basa en las demoliciones declarando además, como traslada Vilela, “que los compradores sabían (la ilegalidad de las viviendas), que han comprado a mitad de precio”.

Si se paran a pensar, surgen numerosas cuestiones a las que nadie sabe dar respuesta. Los ayuntamientos están condenados en 23 sentencias de derribo por haber dado cancha a construir dichas urbanizaciones. Y el Gobierno de Cantabria está ya condenado en 4 sentencias por daños morales a los afectados. Dicho lo cual, si esas viviendas se comenzaron a construir y tanto ayuntamiento como Gobierno dieron el visto bueno para su adjudicación y edificación, ¿por qué ahora resultan ser ilegales? La constructora comenzó la obra con los permisos pertinentes y las familias adquirieron las viviendas con su cédula de habitabilidad y todo lo necesario para entrar a vivir, y no como dice ARCA que asegura que éstos conocían la ilegalidad. Tanto alcaldes como en aquella época el Consejero de Obras y que ahora es Presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, no se opusieron a la construcción. Para AMA, Revilla es el “máximo responsable” del urbanismo en Cantabria ya que cuando ocupaba su cargo de Consejero entre 1999 y 2003 se produjeron “el 99 % de estas situaciones”. De momento, Revilla guarda silencio.

Pero con las denuncias de ARCA y las sentencias de derribo del TSJC, se deja en entredicho la legalidad de estas urbanizaciones. En definitiva, los políticos son los que deben una explicación a la ciudadanía y una solución rápida para que éstos dejen vivir bajo la incertidumbre diaria del desconocimiento de su futuro. Deben sentarse y acercar posturas porque el daño ya está hecho, tanto al paisaje como a los propietarios. ARCA defiende el medio ambiente, el cual no negamos que se haya visto afectado de forma negativa. Las asociaciones de víctimas luchan porque se reconozcan sus derechos y no pierdan su casa donde guardan recuerdos y han hecho la inversión de su vida. Los políticos, culpables a simple vista, sudan la gota gorda para zanjar esta inmoralidad pero se sigue produciendo aquello a lo cual nos tienes acostumbrados: no se depurar responsabilidades.

¿Y tu que opinas?

Opina y reflexiona, pero ser respetuoso. Esta web permite los comentarios sin ser usuario registrado, pero te sugerimos que te identifiques, como una forma de crear comunidad y compartir ideas.