Corrupción en Castro

PORTADA | HISTORIA DE ESPAÑA | ECONOMIA | ESTUDIANTES | EOLAPAZ.ES

371, editado Domingo, 4 Julio, 2010

Castro, la Marbella del norte

Ventura Gómez
estudiante de bachillerato, Torrelavega (Cantabria)

Fernando Muguruza, actual alcalde de castro Urdiales. Foto Agencia Delta

En plena marea Gurtel, siguen siendo muchos los municipios españoles donde robo, ineptitud y falta de control se han convertido en parte del paisaje político. Un caso, Castro Urdiales, en la costa oriental de Cantabria.

Un video colgado en youtube por el ex interventor municipal de Castro Urdiales. Fernando Urruticoechea describe con todo lujo de detalles como desde 1992 Castro ha estado sujeto a “un saqueo directo y total al patrimonio público y a los fondos del Ayuntamiento".
El propio Urruticoechea nos exponía un razonamiento contundente “tras la construcción de más de 10.000 viviendas el ayuntamiento debería poseer un gran patrimonio, frente a ello Castro carece casi por completo de equipamientos”.

Convertido en juez instructor, Luís Acayro, que ha tenido que pedir un juez de refuerzo para hacer frente al voluminoso expediente, busca hoy determinar si estamos ante una trama organizada de financiación de los partidos, una organización privada dedicada a medrar con el dinero de todos o un caso más de apatía pública. Y es que, según afirma Urruticoechea, la situación de Castro es el resultado de la complicidad de muchos agentes, “políticos, servicios técnicos municipales, e incluso el sistema judicial, que se inhibió en un fraude palpable”.

Las primeras sospechas sobre la situación en el municipio se remontan a 2005, cuando el entonces alcalde decidió adjudicar a dedo las obras de acondicionamiento del túnel de Mioño por valor de 160.000 euros, ante el silencio del entonces secretario municipal César Sáiz y del entonces interventor en funciones Gregorio Alcedo, también nombrado por designación directa. El siguiente interventor provisional Fernando Martínez de Arriba, planteó el primer pero al pago de facturas aprobadas por este sistema. Una orden directa del alcalde, Fernando Muguruza, ordenaría el pago.

El escándalo trascendía en 2006, cuando cinco concejales expulsados del partido socialista denunciaron la adjudicación a dedo a la empresa INZETA, de unas obras por un monto de 58.765 euros, dándose la circunstancia que el apoderado de la empresa adjudicataria era el hermano del concejal regionalista Jaime Díez Muro. La situación se complicó cuando se unió a las denuncias Rufino Díaz Helguera, ex alcalde socialista de la ciudad (1991 a 2003) y en aquellos días enemigo acérrimo del mayor acusado de corrupción, el entonces y hoy alcalde, el ex regionalista Fernando Muguruza.
Los tiempos sin embargo han cambiado, y ambos enemigos son aliados en el control de la ciudad junto al popular José Miguel Rodríguez.
No pasaria mucho para que el propietario de INZETA, Javier Ibarrola, fuera, en enero de 2008, nombrado gerente del ayuntamiento. Pese a que tras el nombramiento Ibarrola renuncio a obras y a la dirección de sus inmobiliarias, a día de hoy sigue figurando en el registro mercantil como administrador de dos sociedades inmobiliarias y un estudio de arquitectura algo, aparentemente, incompatible con la gestión urbanística municipal.

Tras aquella primera traición entre los propios políticos municipales, un rosario de denuncias e investigaciones han revelado un cíclope de corruptelas e irregularidades, como las obras de Sacyr Vallehermoso en Santullán, la ejecución del conocido SUP-4, los chalés de la Loma de Promociones Mipla y Construcciones Quintana, la urbanización de Chinchapapa, la urbanización El Prado de Residencial Hercasa, el conglomerado del APD-2 de Vizcaína Edificaciones, la unidad de actuación de Eroski, el famoso edificio URDICAM o la adjudicación de servicios municipales a la empresa Trapur.

En 2008, ante tal aluvión de sospechas y denuncias cruzadas, el juez titular del juzgado numero 2 de Castro, Luis Acayro, iniciaba una profunda investigación sobre estos hechos, trascendiendo a la prensa el contenido de las denuncias y las fotos de los primeros afectados acudiendo esposados a los juzgados, en lo que algunos han querido ver más espectáculo que eficiencia.
En estos meses Acayro ha imputado a 32 personas, entre las que no destacan los concejales, la mayoría, sino funcionarios públicos, arquitectos, técnicos municipales y funcionarios, la mayoría miembros de la administración nombrados a dedo y provisionalmente a los que ahora se acusa de ser funcionarios dóciles, cómplices necesarios en múltiples delitos de prevaricación, falsedad documental, estafa y delito contra la ordenación del territorio.
El estudio de cómo el ayuntamiento actuó en las unidades de ejecución 1.33 y 1.34 del PGOU han llevado al juez a afirmar que en el urbanismo de Castro Urdiales "se ha producido una anulación sistemática, consciente y voluntaria de los controles de legalidad urbanística en beneficio de los promotores y en perjuicio del municipio", mientras que los imputados presentan desfases elevados entre ingresos y gastos, a lo que añade el descubrimiento en varios registros domiciliarios de importante sumas de dinero en personas, en varios casos, que antes de ingresar en la vida municipal eran declarantes de rentas bajas.

Las maniobras han llevado a recalificar miles de metros cuadrados en los cuales se ha doblado la volumétria permitida por el plan, y a cambio de permutas de fincas que en muchas ocasiones nunca han cambiado de propiedad, manteniéndose en poder de los teóricos donantes.
En otras ocasiones el ayuntamiento perdonaba pagos a las constructoras, no realizaba reserva de suelo para equipamientos públicos o eximia a los promotores de ceder el preceptivo 10 % de terreno de compensación por la construcción de viales, o de crear r En ocasiones, incluso, no se identificaban ni registraban las parcelas que el ayuntamiento recibía, o no existe (como en el proyecto urbanístico de Vizcaína de Edificaciones, que edificó a cambio de ceder 213.000 metros cuadrados al ayuntamiento, y un pago de 726.548 euros) documentación que acredite que el ayuntamiento obtuvo algo.
Estas ejecuciones vulneran además un plan de urbanismo que ya se aprobó con hasta cinco informes contrario de la CROTU, se han hecho en contra del dictamen vinculante de la Comisión Regional de Urbanismo (CROTU), y se han basado en informes técnicos realizados por arquitectos contratados sin control por el ayuntamiento. De resultas de ello, parece demostrado que Castro ha perdido 2.000 metros cuadrados de equipamiento público valorado en dos millones y medio de euros, dejando de ingresar 3,4 millones de euros, solo entre 2004 y 2005, y solo en las unidades estudiadas.

Junto a los daños globales, existe una realidad más cercana a personas con nombre y apellido. Algunas urbanizaciones como las de Izarra, no llegaron a venderse, otras como las de Castrum Varduliex fueron paralizadas por el juez cautelarmente, pero otras muchas construidas de forma irregular, como las viviendas de Promociones Cotolino o el edificio Urdicam a amenazan con dejar sin vivienda a decenas de familias, provocando perdidas valoradas en siete millones de euros a los compradores de dos de esas promociones. Una de ellas, la del edificio Boulevard de Urdicam, esta construido, aunque no hay sobre ello unanimidad en los peritos, en dominio público y en una zona de reserva hidrológica, el cauce del arroyo Santa Catalina, lo que hace la construcción ilegal e ilegalizable. El hecho de que el juez haya advertido a los propietarios de este extremo, y les haya instado a personarse contra los constructores ha desatado la ira de los imputados que buscan, por esta actuación desacreditar o apartar al juez, por la llamada “enemistad manifiesta”, que anula su imparcialidad, según los abogados defensores.
Pero el problema no solo es de grandes actuaciones ilegales, sino que afecta a la vida cotidiana y diaria del ayuntamiento, en lo que podríamos calificar, y no solo en Castro, de un robo continuado de baja y media intensidad.
Un ejemplo, entre los años 1999 y 2001, mucho antes de que se destapara el escándalo, el ayuntamiento se gastó 376.000 euros en suministros eléctricos, siendo todas las facturas emitidas por la misma empresa, Suministros Eléctricos Korta’s, propiedad de un funcionario municipal.
En todos los casos las facturas se emitían por cantidades inferiores a 3000 euros, con lo que se evitaba el sistema de concursos y el lógico control. Incluso la mayor parte de facturas y albaranes eran irregulares, no incluyendo la información preceptiva, o estando validados por personas no autorizadas.

Hoy, tras investigaciones y prisiones preventivas, los avatares judiciales no han conseguido apartar del poder a los múltiples acusados, que han ido en estos años cambiando de siglas pero conservando el mando a través de alianzas entre ellos y creando agrupaciones electorales, que han permitido que el antiguo alcalde regionalista (PRC), declarado tránsfuga por su partido, gobierne con el PP y un antiguo socialista que hoy milita en el grupo independiente Alianza por Castro. De hecho, tras un breve periodo de prisión preventiva sigue controlando el urbanismo local.
Lo peor es el apoyo popular que estos personajes mantienen, en Castro o en otros lugares, recubiertos de un aura de justicieros perseguidos por el poder de los podersos, sin que mucha gente comprenda la gravedad de que cuando el estado mal vende a un constructor, el estado genera menos dinero, que los demás no podremos usar o que, aun peor, deberemos reponer algún día, por ejemplo, pagando un iva más alto. Que cada vez que un empresario paga un extra a un funcionario, lo detrae del pago que deberíamos recibir todos, o asume un servicio que otra empresa, que no puede pagar soborno habría hecho mejor, o impide que esa empresa desplazada cree o mantenga empleo.

Junto a la gravedad económica de este caso, esta, además, la moral y política. La corrupción e impunidad se ha extendido a personas ajenas a la política, tanto a los típicamente malvados empresarios que corrompen a los pobres políticos, como a una retahíla de técnicos, asesores, cargos de confianza y amigos varios que se han instalado en las instituciones españolas beneficiándose y ayudando en sus despropósitos a los políticos elegidos, lo cual dice también mucho de los criterios de los electores.
Es el triunfo de una casta de parásitos que se han instalado en las distintas administraciones.
Pero lo más desconcertante de este caso es la falta de control que revela nuestro sistema, permitiendo a los ayuntamientos nombrar y contratar a quien quieran, pagarle lo que deseen, mantener de forma provisional y sin oposición a media plantilla por años, sin que haya meritos reconocidos ni control alguno, sin que quienes valen puedan acceder a ese puesto. Unos ayuntamientos que pueden poner en marcha las obras que consideren pertinentes, sin que aquello este sujeto a nada, salvo que el escándalo sea muy gordo o un traidor te delate, en cuyo caso, y a toro pasado, se inicie una lenta y casi insípida investigación, que recuperara tan solo una parte del daño. Una conclusión más. Muguruza pertenecía a un partido regionalista cuyo dirigente máximo ofreció sus manos como garantía de su honradez y honor. Pues algo falla en la capacidad de los partidos para seleccionar a sus miembros. Muguruza pervive en el cargo, pero no gracias a las siglas que le llevaron al poder. Pues algo falla en el control de estas organizaciones sobre sus miembros y en un sistema electoral de listas cerradas para ser elegido, pero no para ser excluido. El ciudadano no puede decidir a quien elige, como tampoco a quien excluye, aunque el interfecto sea un indeseable y un judas.

¿Y tu que opinas?

Opina y reflexiona, pero ser respetuoso. Esta web permite los comentarios sin ser usuario registrado, pero te sugerimos que te identifiques, como una forma de crear comunidad y compartir ideas.