El P.E.R., ¿Ocurrirá lo mismo con las prestaciones por desempleo?

Miguel Aguirreburualde estudiante de bachillerato, Colegio la Paz, Torrelavega (Cantabria)

En plena crisis y cuando España se enfrenta a un recorte histórico del gasto público, Jose Antonio Duran y Lleida, portavoz parlamentario de los nacionalistas catalanes de CiU, ha destapado la caja de los truenos al cuestionar un plan de empleo rural, tan antiguo como la democracia, y que, aunque nadie se atreve a decirlo en voz alta por miedo a ser acusado de cualquier cosa, posee muchas virtudes, en regiones machacadas por el paro y de poco desarrollo, pero tambien muchos defectos, entre ellos, un sistema contemplativo y poco estimulante para el empleo, y un sistema con cierto olor a voto cautivo.

Históricamente España ha sido un país de trabajo escaso, con excedentes de mano de obra lo que obligaba a emigrar a la población desempleada:
América fue colonizada y las personas que aquí no tenían porvenir acudían allí para buscar fortuna. Parte de los que lo lograron regresaron y tienen en la cornisa cantábrica una clara representación histórica con las “casas de indianos”.Como no había protección social las personas se tenían que buscar las habichuelas.

Lo mismo sucedió a raíz de la guerra y posguerra, cuando gran cantidad de personas salieron hacia el resto de Europa debido a las penurias de la época. Solamente Alemania llegó a tener 2.400.000 emigrantes españoles.
Con el advenimiento de la democracia se impulsó la necesidad de una mayor protección social propiciada por la clase política.
En 1984, durante el mandato de D. Felipe González, nació el P.E.R.

El plan de empleo rural, consistía en teoría en la realización de inversiones generadoras de empleo aplicadas a las regiones con más desempleo agrario y en especial a las comunidades autónomas de Extremadura y Andalucía.
Los trabajadores agrarios, realizaban estos trabajos, exigiéndoseles un mínimo de 40 peonadas para percibir el subsidio agrario durante el resto del año. Para obtener el subsidio, en las familias en que generalmente solo trabajaba el cabeza de familia, se van agregando su mujer e hijos. Se incrementa de esta forma la demanda de trabajo y cuando un trabajador cumple las 40 peonadas, prefiere que contraten a otro miembro de su familia. En el caso de rebasar la renta máxima familiar para obtener el subsidio cambian ficticiamente el domicilio de uno de sus miembros
Los defensores del P.E.R. consideran:

A) Que se protege a una clase trabajadora necesitada, sobre todo a raíz de la mecanización del campo.

B) Que supone una mejora de las condiciones de vida del medio rural, en virtud de las inversiones que se realizan y el trabajo que se genera.

C) Que evita la despoblación de las zonas rurales y el éxodo a las ciudades

Pero no son pocos los que critican esta solución al desempleo, principalmente por:

A) Que evita el verdadero desarrollo de los pueblos. Todo es ficticio, irreal y subvencionado.

B) Que se genera fraude y economía sumergida, (cuando se consiguen las peonadas necesarias, no interesa tener más ingresos legales para que no se retire el subsidio).

C) Que genera un voto cautivo, que ha sido utilizado especialmente por los partidos progresistas. Varios alcaldes fueron procesados y condenados por las irregularidades en la concesión de peonadas no trabajadas (alcalde de Marinaleda).

Desde mi punto de vista ha sobrado picaresca y se ha convertido el subsidio en una forma de vida, siendo en la actualidad un problema estructural importante, ya que estas dos comunidades autónomas tienen los niveles mayores de desempleo de toda España. Resumiendo, no se ha generado la riqueza y el empleo suficiente y proporcionado al capital invertido, y gran cantidad de personas, se han adaptado a la dependencia del subsidio sin buscar otras soluciones.

La prestación por desempleo es un derecho que protege a los trabajadores por la pérdida de su puesto de trabajo por causas no achacables a su conducta. El plazo máximo de la prestación es de hasta dos años en función de periodo cotizado.
En la actual situación de crisis económica, donde en número de parados oficial supera los 4.100.000 trabajadores, muchas familias están sufriendo los rigores de la carencia de trabajo, habiéndose legislado la percepción de un subsidio para aquellas personas que han finalizado la prestación. Sin duda, supone un avance social atender a las personas sin trabajo ni recursos, pero: ¿Se puede asumir socialmente este coste? ¿Es posible que un número importante del colectivo de desempleados se convierta en subsidiados permanentes? En definitiva: ¿Es sostenible nuestro “estado del bienestar” con cerca de un 20% de la población activa sin empleo?

Esperemos y deseemos que en los años que nos quedan para formarnos e incorporarnos al mercado laboral, se hayan disipado todos lo nubarrones que amenazan la prosperidad futura, debido a la incertidumbre y falta de ilusión que generan.

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