El crimen del derroche

Maite Álvarez estudiantes de bachillerato, Valladolid

En voz baja, y con la boca pequeña, pero la reunión del comité federal socialista ha comenzado a entonar el mea culpa, en la gestión del país. Una gestión que preparó nuestra economía para que fuera incapaz de hacer frente a los retos que la crisis internacional nos ha planteado. Lástima que las demás fuerzas políticas no hayan hecho todavía acto de contrición de sus graves errores en el pasado, de cuyos polvos vienen estos lodos. Pero el nacionalismo vasco, en el poder hasta hace dos años, los nacionalistas catalanes, en el poder, el partido popular, que administro un mercado inmobiliario siniestro y que es responsable de buena parte del aparato autonómico y municipal, incluso antes de mayo, e incluso izquierda unida, en el poder en Euskadi y Cataluña hasta hace bien poco son culpables de un despilfarro incomprensible, suicida, inmoral y, dada la situación de miles de familias criminal.
Y es que la historia de nuestra democracia, en lo tocante a este tema, bien se podría dividir en dos épocas muy diferenciadas. Una primera comprendería los siete u ocho primeros años de la pasada década y una segunda desde entonces hasta nuestros días.
La primera fue la protagonista de de un gigantesco boom inmobiliario, sostenido, a su vez, en la “generosidad” de los bancos y cajas, que ofrecían créditos hipotecarios desmesurados a personas que, con muy poco criterio, se endeudaban hasta las cejas pensando solamente en el extraordinario momento económico que pasábamos, con crecimientos anuales de nuestra economía como nunca antes había habido, y en esa cultura, cuasi decimonónica, de ver en la propiedad y el legado de la herencia, el objetivo fundamental de nuestras vidas

Esta situación de constante gasto familiar, que estaba claro que no podía perdurar eternamente, se torno a finales del 2007 cuando algunos países europeos comenzaron a entrar en crecimiento negativo. Pero el momento culminante para el inicio de la crisis actual sería la bancarrota declarada por el gigante americano Lheman Brothers, un desastre que hizo saltar todas las alarmas sobre la naturaleza y el estado de los bancos de inversión. Cuando las entidades financieras constataron que muchas de las inversiones eran irrecuperables, que muchos de los créditos entregados no podrían ser devueltos, al superar con creces la capacidad de ahorro y generación de riqueza de las familias, aquella gran estafa piramidal se vino abajo. Automáticamente se cerró el grifo del crédito fácil y con ello se frenó drásticamente la venta de viviendas explotando la burbuja inmobiliaria. Pero esa contracción del crédito también afecto a la financiación de las empresas. De manera asociada e inmediata empezó a aumentar el número de personas desempleadas que veían como sus empresas cerraban ante la falta de trabajo y crédito.

Pero el problema no ha venido solo de la mano del mercado. El estado, en todos sus niveles, también ha vivido por encima de sus posibilidades, en una economía donde el control del gasto corriente de las administraciones prácticamente no existe, los gastos sociales han sido en algunos casos irracionales (los famosos 400 euros) y la economía sumergida y el fraude fiscal dista mucho de ser solucionado, lo que limita los ingresos estatales. Es una ecuación fatal. Mucho gasto innecesario y mucho ingreso fallido.
Tres años después del inicio de la mayor crisis económica de la historia europea, con 5 millones de parados en España y con unas previsiones de crecimiento a corto plazo realmente malas, España tiembla cuando mira las economías de sus vecinos del arco mediterráneo rescatadas por el BCE (Grecia- Portugal), además de Irlanda, y observando de reojo el sufrimiento de la economía italiana, agobiada por su déficit público. Es ahora cuando el ciudadano español empieza a valorar su situación y a darse cuenta del derroche económico realizado y de las consecuencias que ello puede traer. Analiza cómo y en qué se gastan los “dineros” de sus impuestos, y estudia el dispendio de los fondos públicos.

Con la aparición de la crisis, los medios de comunicación con duros titulares prueban lo mucho que se ha gastado y lo poco que se ha ingresado, demostrando como se ha acumulado la deuda; es ahora cuando más se destapa la corrupción el despilfarro y la inoperancia de muchos de los altos cargos de este país dándose cuenta el ciudadano de la ausencia de eficacia en los organismos reguladores, que no han velado por la correcta utilización de sus impuestos, y observando que los políticos europeos y sobre todo los españoles no han estado a la altura de las circunstancias.

La mentalidad faraónica de algunos alcaldes y presidentes autonómicos además de la mayoría de los gobernantes nacionales, unido al hecho de que en España se cuenta con 17 autonomías y más de 8000 ayuntamientos y que el Gobierno Central comparte muchos poderes con ellos, lo que da pie a cientos de servicios duplicados, ha permitido tener una manga demasiado ancha para el gasto y demasiado estrecha para que la ley pueda pedir responsabilidades a algunas instituciones en concreto, porque no está siempre bien definido quien tiene la competencia de los pagos. Así las consecuencias del lamentable endeudamiento de la gran parte de ayuntamientos y la práctica totalidad de comunidades autónomas, unido a la urgente necesidad del dinero exterior que tiene el estado, obliga a pagar la deuda que se emite a unos precios que, de seguir así, llevaría al igual que les ha sucedido a otros países, a la intervención cuando no, a ser expulsados del euro. Denuncia merecen aquellos alcaldes y concejales que se suben desmesuradamente y sin ningún pudor sus ya, de por sí, abultados sueldos, y lo hacen de manera abusiva ante los ojos de los ciudadanos. Por citar uno, ahí está el alcalde de Calvia en Mallorca que cobra más que el presidente del Gobierno español. Y eso incluye a los gestores de las entidades públicas, como empresas y cajas.

A ello se une el derecho que tienen los diputados y senadores a tener sueldos vitalicios, costumbre esta que quizá encaje más en la época feudal que en el siglo XXI. No hay que olvidar que el senado español (cámara de dudosa utilidad), le cuesta al estado 3500 mill. de euros anuales para sólo 260 senadores existentes.

Y, por enredar más la cuestión el que España posea más diplomáticos que Alemania y el Reino Unido, que además tiene, vergonzosamente, más coches oficiales que todo EEUU, aflorando por doquier los consejeros y asesores, que en la mayoría de las ocasiones no se sabe ni lo que hacen ni para qué sirven, a no ser para engrosar el descomunal número de tarjetas “visa” oficiales que como su gasto, en la práctica, no se controla, permite adquirir joyas y viajes turísticos con cargo al ciudadano, por no hablar de multitud de ayuntamientos que cuentan con despachos llenos de muebles de diseño y lujos asiáticos.

Y si ya analizamos algunas de las grandes mega-obras nacionales el desconsuelo es total, citemos algunas: La Expo del Agua de Zaragoza costo 700 mill. de euros y hoy en día casi todos los edificios están cerrados, y además costando varios millones de euros anuales su mantenimiento. Las monumentales infraestructuras aeroportuarias públicas, como el aeropuerto de Lleida, León, Ciudad Real o el de Burgos, tienen astronómicas pérdidas año tras año y se sigue sin tomar medidas paliativas que resuelvan tanto despropósito. Contra el derogado plan hidrológico nacional, se apostó por hacer fastuosas desaladoras en el levante español, algunas de las cuales están acabadas y no se han puesto en funcionamiento por diferencias políticas entre gobierno central y autonómico.

Como no se conocen despidos de los responsables de tales barbaridades hay que entender que se está premiando la incompetencia .Y para ir más lejos algunas medidas de corrección económica pasan por congelar las pensiones recortando con ello los derechos adquiridos por las personas durante toda su vida laboral o bajar el sueldo de los funcionarios aunque hay que señalar que hay 1 por cada 7 trabajadores. Igual son muchos, no se.
Quizá para sacar a España del atolladero económico en que se encuentra haya que desarrollar un nuevo modelo productivo y haya que racionalizar mucho más el gasto institucional. El país, su importancia en Europa y su historia bien merecen el esfuerzo.

Economia

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