proyecto ABP de estudiantes

Básico 23. El gobierno provisional de la 2ª República

Hª de España 2º bachillerato

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“Diferencia las fuerzas de apoyo y oposición a la República en sus comienzos, y describe sus razones y principales actuaciones.”

  1. Las elecciones municipales de 1931.

Las elecciones municipales dieron lugar en la mayoría de España a la formación de dos grandes bloques, el monárquico y el republicano-socialista. El primero pretendía la continuación de la Restauración en su forma tradicional, anterior a la dictadura; la conjunción republicano-socialista aspiraba a un régimen republicano, vista la imposibilidad de alcanzar la democracia bajo la monarquía borbónica. En algunas nacionalidades, como Cataluña y País Vasco, la opción era triple, por la existencia de partidos de ámbito específico de ellas.

El domingo 12 de abril tuvieron lugar las elecciones, con una participación notable y un clima general de orden: el número de electos era favorable a la monarquía, pero en casi todas las ciudades y poblaciones importantes la conjunción republicana había obtenido una mayoría abrumadora. Y éstas eran las únicas circunscripciones donde estaba asegurada la libertad electoral: la victoria moral era de los republicanos. 41 de las 50 capitales de provincias habían votado la república, así como las poblaciones inferiores de cierta importancia.

Las elecciones con que se pretendía retomar a la monarquía de la Restauración habían constituido un masivo plebiscito contra la monarquía, y todas las fuerzas políticas, incluyendo el gobierno y las fuerzas armadas, lo reconocían así. Berenguer envió la misma noche un telegrama a los jefes militares, recomendando que respetaran la “suprema voluntad nacional”. El general Sanjurjo se negó a lanzar a la Guardia Civil contra el pueblo.

Al día siguiente se producen manifestaciones republicanas en Madrid, Barcelona, Valencia y todas las grandes ciudades. El comité revolucionario publica una nota exigiendo la entrega del poder, y Romanones, el ministro monárquico de mayor prestigio, aconseja al rey que se marche para permitir unas elecciones constituyentes. Sólo una minoría del ejército y del gobierno son partidarios de resistir, sabiendo que esto puede significar el comienzo de una guerra civil. El Rey acepta marchar y autoriza a Romanones la negociación con el comité revolucionario.

El 14 de abril comienza con una huelga general espontánea en todo el país. A las siete de la mañana se proclama la república en Eibar. Unas horas más tarde Companys y Macia proclaman en Barcelona la “república catalana”, y poco después la república se proclama en el resto del país. En todas partes las autoridades monárquicas se desmoronan, y en muchas ciudades se produce una transmisión pacífica del poder a las figuras más conocidas de la oposición republicana.

La presencia del pueblo en la calle es ordenada, y adquiere incluso un carácter festivo. El Rey abandona Madrid.

 

 

  1. El gobierno provisional

El gobierno provisional era bastante representativo de la oposición a la monarquía recién caída: republicanos antiguos y nuevos, socialistas y regionalistas.

El presidente, Alcalá Zamora y el ministro de Gobernación, Miguel Maura, eran católicos conservadores y habían servido a la monarquía;

Alejandro Lerroux y Martínez Barrio, eran los dirigentes del partido radical, de un republicanismo histórico cada vez más conservador.

El PSOE estaba representado por tres ministros: Indalecio Prieto, Fernando de los Ríos y Largo Caballero,

el líder de la UGT. Nicolau d’Olwer y Casares Quiroga eran regionalistas, catalán y gallego, respectivamente.

Marcelino Domingo y Álvaro de Albornoz pertenecían al partido radical-socialista, que como la Acción Republicana de Azaña era un partido de clases medias, ilustrado y anticlerical.

Fuera del gobierno, en la oposición quedaban las clases dominantes que habían sido representadas bajo la monarquía por los partidos tradicionales, resquebrajados ya antes de la dictadura y desorientados por el cambio de régimen.

También quedaban fuera los sectores populares dirigidos por los partidos que se situaban a la izquierda del PSOE, especialmente los influidos por la CNT y el PCE.

También formaban la oposición los movimientos extremistas de derecha como FE de las JONS y Renovación Española, dirigida por Jose Calvo Sotelo.

El gobierno provisional realizó su primera reunión en la noche del mismo 14, y de ella salió una amnistía general y el estatuto jurídico del gobierno provisional. Por él sometía el gobierno todas sus decisiones a la sanción de las futuras Cortes constituyentes, proclamaba las libertades políticas y sindicales y establecía la exigencia de responsabilidades al régimen caído.

Desde los primeros momentos el gobierno provisional adaptó decisiones importantes para hacer frente a los problemas más graves, muchos heredados de la larga crisis de la monarquía, otros surgidos o multiplicados por el cambio de régimen.

  1. Las primeras medidas. Los primeros problemas

3.1. La cuestión nacionalista

La primera cuestión fue planteada por la decisión catalana de proclamar la república en el marco de un Estado federal. El gobierno pidió la colaboración catalana para impedir una ruptura separatista. El nombramiento de Companys como gobernador de Barcelona garantizaba la transición. El acuerdo fue ratificado el 21 de abril con el viaje del presidente, Alcalá Zamora, y el apoyo entusiásta del pueblo catalán a él y a Maciá.

3.2- El problema militar

Otros decretos del gobierno iniciaron reformas políticas y sociales que parecían inaplazables. Azaña emprendió a finales de abril la reforma del ejército, mayoritariamente monárquico. Sus disposiciones perseguían una doble finalidad: asegurar la lealtad a la república de todos los cuadros militares y sustituir la vieja organización por otra más racional y efectiva. Para conseguir lo primero exigió a todos sus miembros un juramento de lealtad, o el retiro conservando la graduación y el sueldo que poseían. Para lo segundo, redujo el número de divisiones a la mitad y cerró la Academia Militar de Zaragoza. Además suprimió las capitanías generales y el Consejo Supremo de Guerra y Marina.

3.3- Reformas laborales y sociales

Largo Caballero, desde el Ministerio de Trabajo, se apresuró a mejorar la situación del campesinado, especialmente en las zonas latifundistas. En varios decretos de los primeros meses impidió la expulsión de arrendatarios por no pagar las rentas, prohibió la contratación de campesinos de otros términos municipales hasta que no estuvieran empleados todos los del propio, y extendió a los trabajadores del campo la protección contra accidentes que ya existía en la industria; también estableció para todos los sectores laborales los jurados mixtos y las ocho horas de jornada laboral.

Otro de los problemas que debió encarar inmediatamente el gobierno fue la situación económica: no solamente se encontró con las consecuencias de la crisis mundial de 1929, sino que sufrió el boicot de la banca y las finanzas.

3.4- La cuestión religiosa

Pero los problemas más graves vinieron de la actitud de la Iglesia, que actuó desde el principio en defensa de la monarquía caída, capitalizando el malestar del ejército, el disgusto de las clases dominantes y la incapacidad de los antiguos monárquicos, a cuya reorganización prestó los primeros impulsos; La Santa Sede comenzó por retrasar el reconocimiento del nuevo régimen. La mayoría de los obispos, y particularmente el cardenal primado, Pedro Segura, mostraron inmediatamente su oposición a los nuevos gobernantes.

El disgusto de los prelados provenía tanto de las medidas y anuncios del gobierno (supresión de la enseñanza obligatoria de la religión, separación de Iglesia y Estado, programa de construcción de miles de escuelas públicas, etc.), como de sus vínculos con el monarca anterior, al que todos debían su nombramiento como obispos. Con alguna excepción, como la del catalán Vidal i Barraquer, la mayoría de los obispos compartían esta posición y se habían negado incluso a entrevistarse con los nuevos gobernantes.

El estallido de esta tensión mostró la relación tradicional de Iglesia y monarquía. En mayo los monárquicos, que inauguraban un nuevo círculo en Madrid, provocaron las iras de los transeúntes al salir a la calle dando vivas al Rey. Corrió la voz de que habían asesinado a un taxista que se les enfrentó, y la ira de la muchedumbre se dirigió contra el edificio de ABC. Allí hubo nuevos heridos y dos muertos. El gobierno negó autorización a Maura, ministro de Gobernación, para que utilizara a la Guardia Civil contra los manifestantes. Al día siguiente estaban convocadas huelgas de protesta por algunas organizaciones minoritarias, y a las diez de la mañana un grupo, cuya significación política aún está por aclarar, prendió fuego a un convento de los jesuitas. A éste siguieron otros seis en Madrid, de los 170 que había, ante la indiferencia de la Guardia Civil y de la muchedumbre, que sólo se ocupaba de poner a salvo a sus ocupantes.

En la tarde del mismo día y al día siguiente ardieron también iglesias y conventos en varias ciudades de Andalucía. El gobierno utilizó entonces a la Guardia Civil y decretó el estado de sitio en todo el país. La calma se restableció inmediatamente. La quema de conventos fue utilizada por la derecha para desprestigiar a la república, a pesar de la condena inmediata de los hechos que hicieron los socialistas y los republicanos.

Con todo, y como veremos en el siguiente básico, la gran reforma y el gran reto será la constitución de 1931.

 

  1. La evolución de la republica y las tensiones sociales y políticas

La proclamación de la República había hecho nacer en las masas populares esperanzas de mejora social cualitativa: el proletariado campesino esperaba la realización de su aspiración secular: la tierra para quien la trabaja.

El proletariado industrial confiaba, si no en el final de la explotación, sí al menos en su reducción y en el inicio de efectivas transformaciones sociales. Una gran parte de las masas anarquistas confiaban en la desaparición del egoísmo y del poder del sistema capitalista. Pero, evidentemente, la república no podía significar, al menos a corto plazo, nada de esto.

Desde los primeros días los partidos obreros reflejaban la tensión entre sus objetivos últimos, largamente reprimidos, y las posibilidades concretas de actuación inmediata. Socialistas y anarquistas darían una dirección opuesta a este conflicto: los primeros apoyando la república se arriesgaban a sufrir un desprestigio entre las masas menos politizadas, y asumieron el riesgo consecuentemente. Los segundos buscaron la creación de una situación revolucionaria rebasando la legalidad republicana y poniendo de manifiesto sus limitaciones.

Desde un punto de vista ético ambas posiciones implicaban ventajas e inconvenientes. Desde un punto de vista político, la debilitación de la república era el fortalecimiento de las clases dominantes bajo la monarquía.

Estas dos grandes tendencias obreras realizaron sus congresos al principio del verano de 1931. Los socialistas optaron por apoyar la república, lo que significaba participar en el gobierno en aquella coyuntura, esforzarse por elaborar una Constitución lo más democrática posible, e intercalar en la tarea constituyente la aprobación de las leyes más necesarias para mejorar la condición de las clases populares. Por esta línea, que resultó vencedora, encontró la oposición, y sobre todo, las reticencias de una parte importante del partido, encabezada por Besteiro, y apoyada en la práctica posterior por una parte de los militantes de UGT y los sindicatos agrarios.

El congreso de la CNT mantuvo durante algún tiempo la dirección posibilista (Pestaña, Peiró. ..), que sin apoyar la república la consideraba como el régimen menos malo posible y propugnaba orientarla hacia los intereses populares. La agudización de las luchas en los meses siguientes significaría su desplazamiento por el sector “faísta” (Durruti, Ascaso, García Oliver…) empeñado en el ataque continuo a la legalidad republicana para crear una situación revolucionaria 22.

En esta dirección se desencadena en los primeros días de julio la huelga de la Telefónica, que fracasa en toda España salvo en Sevilla y Barcelona. La CNT, que dirige la huelga, llama en su apoyo a una huelga general, enfrentándose abiertamente no sólo con el gobierno sino también con la UGT. La muerte de un obrero en los primeros choques significa efectivamente la protesta general en Sevilla. El gobierno declara el estado de guerra, y unos soldados que conducían detenidos aplican la “ley de fugas” asesinando a cuatro trabajadores. El conflicto termina desordenadamente. con un balance aterrador: 30 muertos y 200 heridos.

Poco después la CNT lanza la huelga del transporte en el puerto de Barcelona, con el objetivo fundamental de desplazar a la UGT. Mayor importancia adquirió la huelga, a principios de agosto, de los metalúrgicos catalanes, que se combina con otras acciones como el motín en la cárcel Modelo, dándose un nuevo caso de “ley de fugas”.

En el campo, se producen diversas ocupaciones de tierras en pueblos de Toledo, Córdoba y Salamanca, durante los meses de agosto y septiembre, con participación en este caso de socialistas.

En todos estos conflictos es difícil distinguir globalmente la parte que corresponde a una voluntad de crear dificultades al nuevo régimen y la parte en que responden a necesidades sociales esenciales. En todo caso dos cosas son evidentes: las clases propietarias y buena parte de las autoridades intermedias actúan con tanta dureza como durante la monarquía, y entre ellas comienza a cundir el pánico no tanto por las conquistas efectivas que consiguen los trabajadores o impone el gobierno en sus primeros decretos sociales, como por el temor a lo que pueda representar en el futuro un régimen donde no se sienten representados y que genera semejante oleada reivindicativa.

La cuestión social, la religiosa y la de las nacionalidades serán los ejes que articulan la organización política de las distintas clases en lucha. En torno a ellos la derecha rehará los instrumentos políticos que había perdido con la monarquía, el gobierno intentará consolidar, con muy diversa fortuna, el régimen republicano y la clase obrera avanzará, con tácticas contrapuestas, en la consecución de sus aspiraciones más necesarias.

Junto a ello crecerá la oposición de jefes y oficiales del ejército, ante las reformas de Azaña; de empresarios, propietarios agrícolas y de parte de la jerarquía eclesiástica, debido también a la expulsión del cardenal Segura por su actuación antirrepublicana, por la ley de libertad de cultos y de conciencia y por la quema de conventos. La defensa de la religión enfrentó a las clases propietarias contra el régimen.

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